NUEVA YORK, Estados Unidos, 11.01.2024, (JA).- La organización internacional Human Rights Watch (HRW), no ha encontrado pruebas que sustenten el caso en contra de Luis Fernando Camacho por el delito de terrorismo.
En su Informe Mundial de 2024, Human Rights recuerda que el 28 de diciembre de 2022, el gobernador de Santa Cruz «fue detenido por terrorismo, un tipo penal cuya definición en Bolivia es demasiado amplia». Esta organización también apunta el relato de que «Camacho fue acusado de orquestar la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019».
«Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo. A octubre de 2023 Camacho permanece en prisión preventiva. Su familia y su abogado alegan que no está recibiendo atención médica adecuada para tratar una grave enfermedad crónica que padece».
Con relación al caso de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, recuerda que ella fue encarcelada desde marzo del año 2021 tras haber sido acusada del cuestionado delito de «terrorismo» y apunta que ella «no pudo asistir en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal».
«Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada. En 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes—delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana—por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019», señala HRW.
En el capítulo referido al caso del dirigente cocalero de los Yungas, César Apaza, encarcelado desde septiembre de 2022, Human Rights recalca que «Sufrió una embolia cerebral en febrero de 2023. Su familia denunció que las autoridades no le proporcionaban una atención médica adecuada. En julio, la Defensoría del Pueblo dijo que la fiscalía, a petición de la Defensoría, estaba investigando denuncias sobre torturas y otros malos tratos a Apaza por parte de agentes del Estado».
De manera general, HRW observó que los sucesivos gobiernos, tanto de Jeanine Áñez, como de Luis Arce, “se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de ‘terrorismo para la presentación de cargos contra opositores”.
Human Rights Watch señala que el “presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”.
Human Rights consideró que se retrasaron las elecciones judiciales porque “por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos”. HRW afirmó que anteriormente el MAS, “el oficialismo de turno llenó las listas (de candidatos) con personas vinculadas al gobierno”.
Señaló, además, que el mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024; y la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga.
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