Ya han pasado 16 años de los luctuoso hechos impulsados por el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y sus más próximo asistente, Carlos Sánchez Berzaín, en el cargo de Ministro de Defensa.
Al mes de octubre del 2003, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín deplegaron a militares armados con munición de guerra para intentar controlar la revuelta civil en la ciudad de El Alto y la ciuda La Paz, en contra de la exportación de Gas natural por puertos chilenos.
Hoy (09.10.2019)
a 16 años de esa masacre estatal y a 13 años de Evo Morales en el Gobierno,
recién el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, exhortó al
Ministerio Público a acelerar la extradición de Sánchez de Lozada (2002-2003) y
de Sánchez Berzaín, por los hechos luctuosos de la denominada masacre de
«octubre negro» en 2003, cuando más de 60 personas perdieron la vida
y 400 quedaron heridas.
«A través de la Asamblea Legislativa Plurinacional exhortamos
fundamentalmente al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia que de una
vez por todas se pueda acelerar el trámite respectivo para que se pueda
extraditar a los autores intelectuales de esta masacre, Gonzalo Sánchez de
Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, y establecer un juicio de responsabilidad por
los delitos de lesa humanidad», dijo en conferencia de prensa.
Recordó que hace 16 años se registraron hechos luctuosos de la denominada
«guerra del gas», que comenzaron a mediados de septiembre y
culminaron el 17 de octubre de 2003, con la renuncia y fuga de Sánchez de Lozada
a Estados Unidos y posterior suscesión Constitucional del entonces
vicepresidente, Carlos Mesa.
«Manifestarles y empezar con una frase ni perdón, ni olvido, a partir del
día de hoy hace 16 años atrás se estaba escribiendo una página negra en la
historia boliviana, 60 hermanos de El Alto fallecidos, 400 personas heridas a
consecuencia de un accionar arbitrario e ilegal del Gobierno de Gonzalo Sánchez
de Lozada y Carlos de Mesa», indicó.
Hasta la fecha, el número de muertos por las violentas represiones militares y policiales en octubre del año 2003, se elevó a 75 personas, con las personas heridas de gravedad que en años posteriores perdieron la vida, por falta de medicamentos, alimentos y empleo, porque el gobierno de Evo Morales, practicamente abandonó a los denominados héreos de la “Guerra del Gas”.
Después de la represión
policial a indígenas en Chaparina, el presidente Evo Morales, designó como embajador
de Bolivia ante Estados Unidos, a su ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con
la misión específica de lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Desde esta intensión ha la fecha han transcurrido 10 años, sin ver la llegada
de Goni a Bolivia.
El actual presidente de la Cámara Baja dijo que el Legislativo rendirá un homenaje
a las personas que perdieron la vida en defensa del gas boliviano, quienes
evitaron que se venda a Estados Unidos vía Chile.
«Más que nunca el pueblo boliviano tiene que estar consciente de los
efectos de una política neoliberal depravadora, una política neoliberal
entreguista de nuestros recursos naturales. Queremos a través de la Asamblea
Legislativa Plurinacional rendir un homenaje a los valientes patriotas, hombres
mujeres que salieron a las calles a defender nuestros recursos naturales»,
reflexionó.
El noviembre de 2008, Bolivia envió a Estados Unidos una solicitud formal de
extradición de Sánchez de Lozada.
No obstante, según la Fiscalía, el proceso de extradición desde 2016 pasó del
Departamento de Estado al Departamento de Justicia de Estados Unidos donde es
evaluada jurídicamente.
A principios de abril de 2018 la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Estados
Unidos, responsabilizó de las muertes extrajudiciales a Sánchez de Lozada y
Sánchez Berzaín, y dispuso un resarcimiento a las víctimas; sin embargo, un mes
después, el juez James Cohn revirtió el fallo aduciendo la insuficiencia de
evidencias.