La Aduana Nacional de Bolivia procedió a la “incautación” de una aeronave valuada aproximadamente en 10 millones de dólares.
Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, informó que en las pasadas semanas el jet fue incautado en el aeropuerto de El Trompillo de la ciudad de Santa Cruz.
“Esta aeronave suma un total de 10 millones de dólares, es un jet, el mismo que ha sido adjudicado al Ministerio de la Presidencia en atención a las normas vigentes” explicó la autoridad.
También que el Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) realizó la denuncia de que la avioneta se encontraba abandonada en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz.
La escasa información ofrecida por Ardaya generó dudas sobre la normativa que respalda la incautación de la aeronave. De desconoce sí la aeronave transportaba contrabando o alguna otra situación ligada a la irregular internación de mercadería, porque el hecho de que la aeronave se encuentre supuestamente abandonada, no precisamente implica contrabando.
La presidenta de la Aduana boliviana reveló del “decomiso” del jet con registro N557 JK, en el marco en un informe de acciones contra el contrabando.
Según la Federal Aviation Administration de EEUU, la matrícula N557 JK corresponde a la avioneta que es propiedad del Bank of Utah Trustee de Salt Lake City.
La aeronave es un jet Super Mid-Size- Gulfstream GIII, de fabricación Norteamericana con capacidad para 19 pasajeros y 3 tripulantes.
En los últimos minutos el Ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, salió al pasa para decir que no existían irregularidades en la “incautación” del jet, el funcionario de Gobierno manifestó que la Aduana decomisó esa aeronave y posteriormente resolvió “adjudicarla” al Ministerio de la Presidencia en apego a la Ley 975, que tiene como antecedente la Ley 615, cumpliendo todos los términos de la norma.
«La aduana comisa los bienes o mercaderías de contrabandoy posteriormente adjudica con resoluciones administrativas, no hay porque ponerle comillas al término adjudicación, no hay porque poner comillas, no hay nada irregular», insistió al mostrar la resolución y las leyes que la respaldan.
Alfredo Rada que el jet decomisado al contrabando fue posteriormente transferida a la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque su despacho no tiene las condiciones, ni el personal, menos la infraestructura para hacerse cargo de ese avión.
Mostró un acta de entrega a la DGAC fechada el 1 de julio para que esa institución, rectora de la aviación civil en el país, cumpla con sus actividades precisas y le de uso adecuado a esa aeronave.
«No hay nada que pueda ser calificado como ilegal, la normativa permite que la Aduana adjudique al ministerio de la Presidencia artículos incautados y, a su vez, el ministerio adjudique a otra entidad pública», refrendó.
En la víspera, Ardaya había dicho que en los últimos tres meses se logró efectuar 45 operativos y que los decomisos equivalen a 146 millones de bolivianos.
“En términos de control, estamos en los puntos de control en zona primaria y zona secundaria tal como establece la Ley, existe la coordinación correspondiente”, concluyó Ardaya.
