La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, presentó hoy (26.07.2018) un proyecto de Ley que plantea la castración química para aquellos hombre que cometan el delito de violación contra los niños y niñas, además de pedir que se agrave las sanciones penales para los autores de este tipo de crímenes.

«Esta es la disposición legal que el día de hoy estamos proponiendo para su debate, un debate que viene de la mano de un anteproyecto denominado incorporación de la castración química como una pena y modificación de penas para los agresores sexuales de niñas, niños y adolescente», dijo Chapetón a los periodistas en puertas del parlamento nacional.

La propuesta de modificación del Código Penal de la alcaldesa Chapetón, también incluye agravar la sanción penal de privación de libertad determinado por el juez, duplicándolo el tiempo para la pena la castración química. «Por ejemplo, si un agresor recibe 25 años de cárcel, debería cumplir 50 años de castración química, con el objetivo de que no incurra en reincidencias», dijo la autoridad municipal de El Alto.

La castración química consiste en la administración de medicamentos antiandrogénicos que anulan las funciones de las hormonas masculinas y, por tanto, también la conducta sexual del hombre.

En los primeros días del mes de Julio, la Fiscalía General del Estado reportó que fueron registrado 726 casos de violación en general en el primer semestre de la gestión 2018. En ese mismo periodo, el Ministerio Público también informó que entre enero y junio del 2018 fueron reportados 37 casos de infanticidios.

«Las estadísticas son las que nos motivan a poder genera esta iniciativa legislativa. El año 2017 fueron 1.824 casos (a nivel nacional) que han sido registrados y que el día de hoy, lastimosamente, ni siquiera todos han concluido con una pena, con una sanción ejemplificadora para que se pueda terminar con este flagelo», afirmó Chapetón.

¿Cómo están los casos de violación en casa?, la autoridad alteña manifestó que «lastimosamente la ciudad de El Alto es la segunda ciudad que tiene la mayor cantidad de índices de este flagelo».

A decir Chapetón las Defensoría de la Niñez y Adolescencia dependientes de su municipio reportó el año, 2017, un total «558 casos de violación a los niños y niñas y adolescentes».

«Este año 2018 tenemos, a través de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia 157 casos de violación a menores de edad y por lo tanto creemos de esta alternativa, es una alternativa que ha sido aplicada en otros países, tanto Latinoamericanos como también a nivel mundial, Estados Unidos, Polonia, Alemania y han aplicado prácticamente esta sanción», dijo Chapetón.

La autoridad municipal consideró que no sería necesario modificar la Constitución Política del Estado para implementar este proyecto de ley. La Carta Magna boliviana establece como máxima sanción penal, 30 años de privación de libertad, y que la castración química no iría contra ese principio.

Chapetón manifestó su deseo de que la Asamblea debata el proyecto de ley.

En contrapartida, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, opinó que el anteproyecto de ley de castración química para agresores sexuales de niños y adolescentes, requiere una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE).

«El tema de la cadena perpetua y otras hasta la pena de muerte, por ejemplo, pero todas aquellas incluida la castración química necesitarían de una reforma constitucional no es un tema que fácilmente se pueda debatir», dijo a los periodistas.

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