El canciller Diego Pary informó hoy (12.02.2019) que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) tiene 120 días para analizar y responder la solicitud de asilo que pidieron el exsuperintendente de Comunicación de Ecuador, Carlos Ochoa, y la exasambleísta, Sofía Espín. Ambos exfuncionarios del expresidente Rafael Correa, son requeridos por la justicia de Ecuador, porque existen procesos judiciales abiertos en contra de cada uno de ellos.
«Hemos recibido en la secretaría general del Conare la solicitud de estos dos ciudadanos ecuatorianos y el Conare tiene 120 días para poder procesar el tema, analizar y recabar toda la información que sea necesaria», dijo a los periodistas.
A principios de febrero se confirmó que Ochoa y Espín, excolaboradores del expresidente Correa, solicitaron asilo en Bolivia.
Ochoa fue destituido por la Asamblea ecuatoriana en marzo del 2018 por estar acusado de utilizar la Ley de Comunicación para presionar, investigar y censurar a medios.
Espín, por su parte, es procesada por el presunto delito de tráfico de influencias.
Ecuador envió a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre ambas exautoridades que son requeridos por la justicia de ese país y aclaró «que no son perseguidos políticos».
Pary dijo que toda la información sobre ese caso será remitida a los miembros del Conare, para que lo «valoren y evalúen». Los dos exfuncionarios son requeridos por la justicia ecuatoriana, porque existen procesos judiciales en contra de cada unos de ellos.
La exlegisladora Espín es investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”.
El pasado 24 de septiembre de 2018, Espín junto con una abogada visitaron en la cárcel a la exagente , Diana Falcón, que es testigo y también investigada como autora del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. En este caso también está procesado el expresidente Rafael Correa.
Según la versión de la exagente, las dos mujeres, Espín y la abogada, le ofrecieron asilo en Bélgica si se retractaba de su testimonio contra el expresidente Rafael Correa, procesado en el caso Balda.
En el caso de Ochoa, el pasado 24 de enero del 2019, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva contra el extitular de la Supercom.
En la diligencia se conoció que se encuentra fuera del país desde octubre del 2018. Por eso la Fiscalía solicitó que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que detengan al exfuncionario.
Ochoa es procesado por supuesta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación.
En su gestión, la Supercom imprimió 300 000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 medios de comunicación.
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