Ser mujer y ejercer la política de forma comprometida en el área rural de Bolivia sigue siendo motivo de discriminación, acoso, violencia física y psicológica, sin que Estado haga cumplir la Constitución Política del Estado y las Ley que contempla garantías.
En los últimos 13 años, los términos “Estado Plurinacional” solo han servido como bandera política y argumento para los discursos rimbombantes de los políticos de turno, porque la realidad es más cruda, sino, pregúntenle a la concejal Vicencia Apaza Cachi, del municipio de San Pedro de Curahuara, en el departamento de La Paz, víctima de acoso político y violencia de los otros concejales municipales.
En una entrevista ofrecida al diario paceño Página Siete, la concejal Apaza relata todas las peripecias y peregrinajes que le toca vivir por la “guerra” declarada por parte de los otros concejales, tras haber realizado denuncias de corrupción en contra de ellos.
“Ya está en Sica Sica la denuncia, pero la rechazaron porque el Alcalde llevó siete testigos para que ‘desmientan’ las cosas que hemos denunciado. Dicen que no hay acoso, dicen que no hay violencia. Ahora, yo he apelado, no está bien que declaren falso testimonio”, manifestó la concejal víctima de acoso político.
Apaza Cachi, una mujer aymara de pollera, reveló que en el último tiempo se ha visto en la obligación y la necesidad de comprar una motocicleta y aprender a manejarla, con el objetivo de asistir a las sesiones de Concejo Municipal en el altiplano paceño.
En la entrevista, la honorable conejal comenta que compró una moto, para ya no gastar dinero en taxis y transporte, en su faena de “perseguir” a sus colegas concejales. “La necesidad me ha obligado para alcanzarles, más temprano salgo”, relata inquebrantable en su objetivo, puesto cuesta arriba por los otros concejales.
“Yo como concejala siempre he contratado jovencitos de colegio (para que me lleven), cuesta arriba y abajo, 50 bolivianos vale hasta Curahuara, y volver igual; y al día, se va nomás la plata. Si no está ahí, la sesión a otro lado”.
“Taxi también de Patacamaya hasta Curahuara es 140, 130. Ida y vuelta, al día, se hace. Entonces, por eso es que yo he tenido que comprar mi motito de Patacamaya, cero kilómetros. No será de buena marca, pero compré”.
“Pero ni una semana he usado, me he accidentado. La necesidad me ha obligado para alcanzarles. Más temprano salgo y llego, veo ahí el panel informativo y veo que dice en otra comunidad, donde yo no pueda llegar”, aseveró Apaza.
Pero ¿cuál fue el “delito” de esta mujer de pollera, para ser víctima de acoso y la arremetida cruel de sus colegas y el Alcalde?.
Apaza (MPS), relata que el año 2016, ella y su colega Zaida Mery Choque del Movimiento al Socialismo (MAS), presentaron denuncia penal por el uso indebido de bienes del Estado, porque la camioneta del Concejo Municipal estaba siendo utilizada para fines particulares de la directiva, en actividades como traslado de muebles, heladeras, colchones, arroz y hasta pollos broaster.
Aseveró que producto de ese caso, la justicia determinó dictar detención domiciliaria contra los concejales Benita Carloy Hugo Zárate, que en el momento de la denuncia eran presidenta y secretario del Concejo Municipal.
Apaza lamentó que los acusados sólo estuvieron un mes con detención domiciliaria y después la justicia les dio permiso para salir a trabajar, a pesar de que se había alegado que no podían volver al Concejo para no obstruir la investigación.
La concejala señaló que los acusados de corrupción salieron de la detención domiciliaria para emprender acciones de venganza contra ella y su colega Choque.
Afirmó que Hugo Zárate ahora es presidente del Concejo y las denunciantes atraviesan un “vía crucis”, porque se les impide realizar su trabajo y sufren tretas para que no asistan a las sesiones.
“Eso mismo, donde no pueda llegar. Quieren sacarme, todo así, fabricando, por el hecho de que son mayoría. Eso es ilegal. A una le duele. A mí nunca me ha gustado atrasarme. Por eso es que también he comprado la moto, para perseguirlos a ellos”, relató Apaza.
Apaza indicó, por ejemplo, que antes podían ver la convocatoria a sesiones desde la calle en el inmueble del Concejo Municipal, pero ahora las notificaciones están en un segundo piso y el portero ignora sus llamados para que ingresen al lugar.
Agregó que la directiva también suele llevar las sesiones a otro sector del municipio y ellas, al no enterarse, no pueden llegar a tiempo. Cuando lograr llegar, les dicen que por la tardanza ya tienen falta, faltas que estarían siendo utilizadas como argumento para intentar suspenderla.
“Dicen que tengo 14 faltas. Justificamos cada falta, pero no nos hacen valer. Ellos parece que se divierten con eso. ‘He llegado atrasada por el hecho de que ustedes no ponen el panel informativo 24 horas antes’, les digo. Eso hacen para destituirnos”, aseguró la valiente concejal Vicencia Apaza Cachi.
Hace dos semanas, Apaza indicó que hizo una presentación por acoso político ante la Fiscalía en Sica Sica, pero sus detractores llevaron a sus propios funcionarios testigos de descargo y el Ministerio Público rechazó su denuncia. Indicó que la decisión se ha apelado y se espera una decisión del Fiscal Departamental.
También presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral Departamental, donde le dijeron que la remitirán al Ministerio Público. Asimismo, denunció el hecho ante la Asociación de Concejalas de Bolivia.
Indicó que también se presentó ante el Ministerio de Justicia que le otorgó, pero el mismo tiene varios casos y no puede ayudarla. La concejala manifestó que ya agotó todas las instancias de denuncia y ahora sólo le quedan los medios de comunicación.
Dijo que junto a su compañera sienten que cargan una cruz por ser mujeres y haber denunciado corrupción. Cree que están pagando las consecuencias de no ser sumisas. Apaza espera que cuando la justicia llegue, no sea muy tarde.
Violencia contra la mujer y casos de feminicidio en Bolivia
El Ministerio Público informó que durante la gestión 2017 se registraron 109 feminicidios en Bolivia, un número menos con relación al informe de la Cepal.
Cochabamba es la región con la mayor cantidad de hechos de este flagelo, con 30 casos. Le siguen La Paz con 27 reportes, Santa Cruz con 16, Chuquisaca con 10, Tarija con nueve, Oruro con siete, Potosí con cinco y Beni con cinco; sin embargo la mayor incidencia se registró en las ciudades del eje troncal.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, de enero a septiembre de 2018, se registraron 85 feminicidios, mientras que en similar periodo de 2017 hubo 73, es decir que para esta gestión hay un incremento de 12 casos.
La responsable de la Unidad de Comunicación de la Coordinadora de la Mujer, Laura Guachalla, señaló en una anterior oportunidad que desde el 2013 al 2016 solo el 36% de delitos enmarcados en la Ley 348, Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, llegó a sentencia.
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