Hoy (17.08.2018) la agencia de noticias del gobierno de Evo Morales, publica que, Dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia pidieron, en una reunión con el presidente Evo Morales, ayuda para el tratamiento médico de diversos tipos de cáncer que padecen mujeres dedicadas al comercio minorista.

«Hemos pedido que, a través del Ministerio de Salud, se les haga atención médica gratuita hasta la conclusión de su tratamiento, de mujeres comerciantes que padecen de cáncer de cuello uterino y mama, y que por mucho tiempo están por los mercados trabajando», dijo a la ABI el dirigente Juan Carlos García.

Esta noticia refleja un hecho insólito y mal naturalizado, para quienes hemos hojeado las leyes vigentes en Bolivia, desde la CPE y algunos fallos del Tribunal Constitucional.

Al salir de la Casa Grande del Pueblo, García explicó que los gremialistas que padecen cáncer no pueden cubrir el costo de los tratamientos y medicamentos, situación que motivó a esa organización a buscar al ayuda del Gobierno.

El dirigente adelantó que la Confederación Nacional de Gremiales elaborará una nómina con los nombres de sus afiliadas para gestionar ante el Ministerio de Salud los mecanismos para recibir atención médica contra el cáncer.

Ese sector destacó que el Gobierno ejecute varios proyectos dirigidos a mejorar la salud de la población y a construir más unidades de radioterapia y centros de medicina nuclear.

El Artículo 18 de la Constitución Política del Estado (CPE) desglosadas en sus tres numerales señala de forma textual que en Bolivia “Todas las personas tienen derecho a la salud”. “El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna”. “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”.

Digan ustedes sí esta “letra muerta” es cumplida por las personas que están en función de gobierno en Bolivia. En caso de que las autoridades de gobierno estén cumpliendo con la Carta Magna, ¿por qué mujeres gremiales tienen que estar «rogando» por atención médica, tras sostener una reunión en el edificio de 29 niveles denominado como la «Casa Grande del Pueblo», construido, por cierto, con recursos estatales?.

En otro ámbito legal vigente como es el terreno de la Justicia, los fallos constitucionales han dejado un buen andamiaje para garantizar la atención oportuna y adecuada para los bolivianos que padecen alguna enfermedad o dolencia.

La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0486/2012, de 4 de julio, analizando el derecho a la salud y su especial protección en la Constitución Política del Estado, reflejada en sus artículos 35.I, 36.II, y 39, concluyó señalando que:

«Del marco constitucional desglosado, inferimos que en nuestro ordenamiento jurídico, la salud es un derecho fundamental que amerita su resguardo prioritario cuando se encuentra en conexidad con el primigenio derecho a la vida, especialmente en los casos de personas vulnerables de la población, como son los niños, las personas con discapacidad, de tercera edad y los enfermos terminales; de ahí que el Estado se constituye en el mayor garante y contralor de este derecho; en cuya virtud los titulares de este derecho pueden exigir a los órganos del Estado que establezcan condiciones óptimas para su ejercicio, por cuanto el derecho a la salud no implica simplemente adoptar medidas o políticas preventivas contra una enfermedad, sino el derecho a la existencia con calidad de vida. En este entendido cuando una entidad pública o particular tiene a su cargo la prestación de este servicio se encuentra obligada a ejercer con responsabilidad la práctica médica, cumpliendo a tal efecto con toda la normativa reglamentaria emitida por la autoridad de salud, pues con su inobservancia se coloca en peligro otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana y esencialmente la integridad física; por esta razón el Estado esta impelido a adoptar mecanismos que controlen y sancionen la mala praxis médica».

Mientras la «indiferencia» de la gente sea la actitud más popular del pueblo, seguiremos siendo testigos de hechos insólitos como el que acabamos de conocer.

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