El expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa, acusó al Gobierno de Evo Morales por intentar “destruir su imagen pública” al promover el juicio por la pérdida en tribunales de arbitraje internacional, el proceso iniciado el 2006 por la empresa chilena Quiborax.
“Si a mis compatriotas les quedaba alguna duda en torno a los objetivos del gobierno del Presidente Morales con relación a mí; la petición del Procurador General del Estado para que la Fiscalía inicie una investigación en mi contra en el Caso Quiborax que se añade a la investigación manipulada por la Presidenta de la Comisión Mixta en el caso Camargo Correa, les confirman que aquí lo que hay es una estrategia de demolición de la imagen de Carlos de Mesa”, dijo el exmandatario.
Mesa asegura que el gobierno y en particular la Procuradoría General del Estado, pretende ocultar su “desastrosa defensa” de los interese de Bolivia frente al juicio impulsado por la empresa chilena
«La Procuraduría quiere que el Ministerio Público me inicie un proceso para ocultar la desastrosa negociación, la desastrosa defensa que la Procuraduría ha hecho muy mal en contra de Quiborax en el laudo arbitral», afirma Mesa.
En la víspera se conoció que el Estado boliviano perdió el juicio impulsado por la empresa Non Metallic, socia de Quiborax, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que dispuso el pago de 48,6 millones de dólares en favor de la firma chilena.
Ante ese hecho, el jueves el procurador del Estado, Pablo Menacho, pidió a la Fiscalía que investigue al exmandatario y a tres de sus ministros por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
«El procurador ha afirmado que mi decreto supremo fue ilegal, término que repitió varias veces, una mentira. Mi Decreto 27589 se adoptó sobre la base de la Ley 2564 (de Reserva Fiscal y la Convalidación de la Costra Salina del Gran Salar de Uyuni) y no es ilegal, eso lo dijo la Procuraduría de Bolivia para alegar en contra de Quiborax el laudo, la controversia», explicó Mesa en una conferencia de prensa.
Mesa subrayó que el Decreto Supremo 27589, de junio de 2004, fue para expulsar a la empresa chilena, que se negaba a informar sobre las declaraciones a Impuestos Nacionales y a la Aduana Nacional, además por hacer declaraciones fraudulentas por la exportación de ulexita, mineral extraída en el salar.
«Que es lo que omite el procurador, el decreto 28527 del 16 de diciembre de 2005, emitido por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé. Derogó mi decreto supremo por deficiencias jurídicas, pero que con un impecable criterio patriótico mantuvo la expulsión de la citada compañía», agregó Mesa.
El expresidente acusó al Gobierno de generar una «estrategia de demolición» contra su imagen por las investigaciones que lo involucran en supuestos sobornos en Bolivia vinculados al caso Odebrecht y Camargo Correa y ahora en el caso Quiborax.
“En el mundo al revés en el que funciona el gobierno del Presidente Morales, las nacionalizaciones que ha hecho y que le han costado a Bolivia alrededor de 1.000 millones de dólares en compensaciones además de asumir los pasivos heredados de las empresas nacionalizadas, son un triunfo estatal y revolucionario, en tanto la expulsión de una empresa extranjera y la recuperación de los recursos que explotaba, hecha por Eduardo Rodríguez Veltzé actual Agente de Bolivia en La Haya y Carlos Diego de Mesa Gisbert Portavoz de la Demanda Marítima contra una empresa chilena, que vulnerando toda norma, explotaba riquezas de nuestro Salar de Uyuni, deben ser investigadas y tipificadas como delitos”, dijo Mesa.
