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El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo el lunes por la tarde que en Bolivia el Gobierno del indígena Evo Morales Ayma instauró una «dictadura» a fines de noviembre del 2017, ocasión en que forzó un fallo del Tribunal Constitucional.
La determinación del Fiscal General del Estado, de dar curso a un juicio de responsabilidades en su contra, no es otra cosa que la confirmación de esta dictadura dijo Mesa en conferencia de prensa en Plaza Murillo.
«La decisión del Fiscal General del Estado, de abrir una acusación en mi contra y ponerla a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no es sino, una confirmación de lo que está viviendo Bolivia en términos de su democracia», dijo Mesa.
«La criminalización de la política confirmada a través de este mecanismo que sustituye a la dictadura de botas, charreteras, tanques y ametralladoras, por la persecución judicial a título de investigación y a título de cargas de defensa del Estado», enfatizó y alertó Mesa a los bolivianos.
Carlos Mesa reitera que es el denunciante en el caso Quiborax, por la «desastrosa defensa del Estado» realizada por el Procurador General, Pablo Menacho, el exprocurado y Ministro de Justicia, Héctor Arce y el Ministro de Minería, César Navarro.
«Por la persecución judicial a título de investigación y a título de defensa del Estado, quiero decirles que no me siento acusado (…), aquí en este momento quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa de manera positiva en la defensa del 21 de febrero», dijo en conferencia de prensa.
Antes de esta declaración, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, había presentado el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax, y ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá autorizar el juicio de responsabilidades contra las exautoridades, para que la Fiscalía inicie la investigación.
El expresidente consideró que la decisión del Fiscal confirma que en Bolivia se vive una «criminalización de la política» que sustituye a la dictadura y que el sistema judicial es un «instrumento del poder político».
«Me siento y soy acusador y acuso al Gobierno del presidente Evo Morales y acuso a su ex Ministro de Defensa Legal del Estado, ex Procurador del Estado y actual ministro de Justicia (Héctor Arce) y acuso al actual Procurador de Estado (Pablo Menacho) de haber llevado adelante una de las más vergonzosas defensas que se haya conocido en función de los derechos que tenía que guardar el Estado frente a una empresa pirata como Quiborax», mencionó.
Dijo que también deben ser convocados el Ministro de Justicia, el Procurador, además del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y otras autoridades, por ese proceso que derivó en una demanda en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cuyo fallo ordenó que Bolivia pague más de 42 millones de dólares a la empresa chilena.
Según Mesa los procesos en su contra por los casos Misiles, Odebrecht y Quiborax son una estructura de «demolición política y personal» para tratar de «eliminarlo» políticamente.
Además, el exmandatario anunció su compromiso activo en la defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero.
«Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia y aquí en este momento yo quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera positiva, de manera comprometida en la defensa del 21 de febrero», indicó.
