El año 2006, la empresa chilena Quiborax inició el juicio al Estado boliviano con un acta falsificada de constitución empresarial y que la Procuraduría de Bolivia no cuestionó ni objetó como correspondía ante el tribunal arbitral.
Hoy (12.06.2018) el ex presidente Carlos Mesa presentó en la Fiscalía General del Estado, con sede en Sucre, el documento falsificado para que el juicio planteado en su contra por la Procuraduría sea rechazada.
“Acta falsificada que permitió a Quiborax iniciar el laudo arbitral en contra de Bolivia. Esa acta falsificada fue la que permitió que ese juicio se llevara adelante”, afirmo Mesa ante los periodistas.
El ex Presidente lamentó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) haya dado curso a un juicio a sabiendas de que el proceso estaba basaba en un documento fraudulento.
Se trata del documento falsificado de la junta de accionistas de Non Metallic Mineral Quiborax del 13 de septiembre de 2001. David Moscoso, accionista de la firma de capitales chilenos, fue llevado a juicio por el Estado boliviano y sentenciado en 2009 a dos años de cárcel por los delitos de falsificación y uso de instrumento falsificado.
Esa acta de constitución falsificada corresponde a la junta de accionistas de la sociedad No Metallic Minera Quiborax del 13 de septiembre del 2001. Esa acta fue elaborado para sustituir otra del 11 de septiembre de 2001 con el fin de revocar los poderes anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por Quiborax contra el Estado boliviano.
“No estamos de un juicio contra Bolivia basado en la legalidad de una empresa que se querella contra el país, sino que esa querella se inicia con una falsificación y nos sorprende que el Ciadi haya aceptado como elemento de convicción”, afirmó.
El ex presidente Mesa remarcó que el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, pagó la indemnización de 42,6 millones de dólares a la Quiborax cuyo representante legal es el abogado chileno Andrés Jana, quien además es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda marítima de Bolivia instaurada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Las semanas pasadas, la Procuraduría del Estado inició un juicio a Carlos Mesa, después de que la Ciadi falló a favor de la empresa chilena Quiborax, estableciendo el pago de la indemnización de 42,6 millones de dólares.
El juicio había sido iniciado en la gestión 2006 y concluyó en el mes de mayo del 2018, correspondiendo todo ese periodo de gobierno al de Evo Morales Ayma.
La controversia surgió en julio del año 2004, a raíz de la “revocatoria” de concesiones mineras a la empresa Non-MetallicMinerals S.A. ejecutada durante el Gobierno del ex presidente Carlos Mesa.
