Tal como lo había solicitud el abogado de Evo Morales, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tramitar el proceso penal en contra del exmandatario, denunciado en La Paz, por los delitos de sedición y terrorismo, registrado en audio en el que ordenaba cercar y dejar sin alimentos a las ciudades en noviembre de 2019.
En meses pasados, Wilfredo Chávez, exabogado de Morales ahora Procurador General del Estado, había interpuesto un recurso de incidente de inhibitoria para que el juez de La Paz remita el caso a Sucre para un juicio de responsabilidades por considerar que los delitos fueron cometidos cuando la renuncia de Morales no había sido aceptada por el Legislativo.
El proceso, por decisión de la Fiscalía ya estaba con imputación contra Morales, pero tras la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 18 de octubre, el caso dio un giro de 180 grados y la justicia oficiosamente anuló la orden de aprehensión y la imputación en contra del exmandatario.
Chávez para pedir el traslado del proceso del exmandatario hasta el TSJ argumentó que el delictivo registrado en el audio de la conversación sostenida entre Morales y Faustino Yucra lo habría cometido entre el 12 al 17 de noviembre, mientras su renuncia no había sido aceptada en el Legislativo, por lo que ameritaba un juicio de responsabilidades.
Evo Morales presentó renuncia a la Presidencia en la tarde del domingo 10 de noviembre, huyendo desde el Chapare en avión en operativo organizado por el embajador de México, Marcelo Hebrard. Una vez en México, Morales instruyó por teléfono, cercar las ciudades para impedir el ingreso de alimentos hasta obligar su retorno al Poder.
La querella contra Evo Morales fue presentada en la Fiscalía de La Paz por la entonces senadora, Carmen Eva Gonzáles, quien había pedido que Morales sea procesado en la vía ordinaria porque la conversación telefónica con Yucra -motivo del proceso penal- lo habría realizado cuando ya había firmado su renuncia irrevocable a la Presidencia de Bolivia.
El caso llegó a la Sala Penal correspondiente a los magistrados Edwin Aguayo y María Cristina Díaz, que no lograron resolver nada en sí por tener criterios diferentes y por lo que convocaron a un tercer magistrado, su colega de la Sala Civil, Juan Carlos Berríos.
Díaz, en base a un análisis técnico jurídico, dispuso que el caso continúe tramitándose en la vía ordinaria, debido a que no existe un requerimiento del Fiscal General del Estado y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sea considerado como un juicio de responsabilidades en el alto tribunal de justicia del país.
Sin embargo, su colega Aguayo votó porque el juez del Tribunal Departamental de La Paz se inhiba de conocer esta causa y remita la denuncia al TSJ para que se tramite como juicio de responsabilidades.
Ante la existencia de dos proyectos divergentes, se convocó al magistrado Berríos, quien respaldó la posición de Aguayo, con lo la Sala Penal resolvió ordenar al juez de La Paz, inhibirse de conocimiento y que la substanciación del proceso pase a la Sala Penal del TSJ.
El caso del audio-terrorismo se encuentra en la incertidumbre, después que la justicia en La Paz determinó anular el mandamiento de aprehensión y la imputación contra Morales y el fiscal general Juan Lanchipa dejó en manos de la comisión de fiscales decidir si corresponde la prosecución de esta investigación.
