Tras una actuación suigéneris del Estado central, representado por la Contraloría, contra una determinación del Estado subnacional, representado por la Alcaldía de La Paz, la primera autoridad municipal de la ciudad, Luis Revilla, denuncia supuesta «protección» del Gobierno de Evo Morales y sus operadores en las diferentes dependencias estatales, a Juan Brun, a quien el municipio responsabiliza de intentar apropiarse de terrenos municipales.
El lunes la Contraloría General del Estado (CGE) presentó una demanda coactiva contra el exalcalde de La Paz Juan del Granado y otros exfuncionarios ediles para reparar un supuesto daño económico de Bs 19,9 millones causado al Municipio por el denominado caso Brun, cuyo origen está en la demolición de una vivienda en mayo de 2000, por haber sido construida en terreno municipal.
La CGE, a través de un comunicado, argumentó que la determinación fue tomada luego de que el Gobierno Municipal de La Paz, bajo administración de Luis Revilla, informara el 16 de mayo que no iniciará ninguna acción coactiva fiscal en este caso, tal como sugirió la Contraloría el 4 de abril de este año.
«En ese sentido, la Contraloría General del Estado (CGE) presentó hoy (lunes) demanda coactiva», señala parte del comunicado, en el que se detalló que una auditoría evidenció que por el caso Brun existe un daño económico al Estado de Bs 19.924.748.
Ante esta actuación «extraña», según el punto de vista de Luis Revilla, la Alcaldía de La Paz activó procesos civiles contra Juan Brun y otras autoridades judiciales para recuperar bienes del municipio, puesto que ellos son los verdaderos responsables de la pérdida de recursos ediles en el caso de la demolición de una vivienda, informó la autoridad municipal.
“Aquí hay una cosa de lo más extraño, el que consigue que se le pague de manera irregular 19 millones de bolivianos (Brun), ahora resulta que están siendo protegido, o al menos se le está dando la razón por parte del Gobierno y todas sus entidades.
La autoridad municipal explicó que durante el proceso que data de 2000, hubo varias irregularidades promovidas por Brun, que, en complicidad de operadores de justicia incurrieron en prevaricato.
Revilla considera que el Gobierno y sus instituciones le dan la razón a Brun por negarse a acompañar procesos civiles promovidos por la Municipalidad.
Ni siquiera la Procuraduría quiere involucrarse en el proceso civil que nosotros le hemos iniciado la señor Brun, cuando es obligación de la Procuraduría constituirse en cualquier proceso judicial que lleva adelante el Estado”, afirmó la autoridad municipal.
Revilla aseguró que Juan Brun aprovechó de su cargo de Oficial Mayor en la gestión de la exalcaldesa Gaby Candia (1993-1995), para beneficiarse de documentos.
Recordó que la Municipalidad realizó auditorias con base en decisiones de autoridades ediles anteriores a Juan del Granado.
Revilla aseguró que del Granado cumplió con instrucciones y recomendaciones, como el que hizo la exDefensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero en 1999, de demoler la infraestructura, luego de una investigación que hizo la institución que dirigía.
También hay la Ordenanza Municipal 139/119 de 1999 que instruye la demolición de la vivienda, además de una instrucción del Ministerio Público del 21 de febrero de 2000 que ordena similar acción. Sin embargo, pese a esta basta argumentación legal que acompañó la acción de la Alcaldía Paceña, los operadores judiciales torcieron la justicia para beneficiar a Brun.
“Aquí ha habido una serie de irregularidades en todo el proceso que han permitido finalmente, con la complicidad de varias autoridades judiciales, que (Brun) cobre una suma irrisoria que ni siquiera vale y que prueba claramente el conjunto de anomalías”, aseveró el Alcalde.
Con todo, el Alcalde ve que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo de actúa bajo una estrategia electoral que pretende rebuscar en un caso de 2000, con el fin de dañar la gestión municipal.
Por su lado, Juan del Granado apareció ante los medios de comunicación locales con una advertencia a los «jueces prevaricadores y los fiscales sometidos» que «Juan Sin Miedo está acá y no se ha ido». Del Granado acusó al MAS de defender los intereses de un militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el partido político de Gonzalo Sanchez de Lozada.
La exautoridad municipal afirmó que actuó bajo el amparo de la ley, refrendada en tres normativas, en la demolición de una vivienda en mayo de 2000 y cuya construcción, aseguró, inclusive hoy es ilegal.
Asimismo, acusó a la Contraloría, que activó un proceso para recuperar Bs 19,9 millones, de ejecutar una auditoría fraudulenta que da la razón a jueces prevaricadores y defiende el interés de un militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
“Claramente estamos frente a un gobierno, el del MAS, que a partir de fiscales corruptos, jueces prevaricadores, está amparando los intereses económicos fraudulentos de un militante del MNR, pero además esta garantizando la impunidad y la apropiación indebida de fondos públicos”, aseguró Del Granado.
A su juicio, queda claro que el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido en función de Gobierno desde 2006, “a través de sus agentes judiciales y del Ministerio Público generó las condiciones de impunidad de estos jueces prevaricadores”.
“Los jueces prevaricadores y los fiscales sometidos tienen que saber que Juan Sin Miedo (su sobrenombre) no se ha ido, que Juan Sin Miedo está acá como ha estado siempre, para defender mi honra, mis derechos, mis libertades y sabiendo que el caso mío es uno entre cientos del autoritarismo gubernamental. Indudablemente Juan Sin Miedo está acá otra vez como en los tiempos más negros de las dictaduras”, señaló.
