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Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, objetó hoy (18.09.2018) el argumento de la juez Patricia Pacajes, quien afirmó que detrás de la condena penal del médico Jhiery Fernández, había «presión política».
El médico fue sentencia a 20 años de cárcel acusado de la violación del bebé Alexander.
«¿Presión política de qué?¿Qué interés político puede haber en esto?. Yo les pregunto qué interés del Fiscal General puede haber. Es como un caso más, como tantos otros que ha habido. ¿Qué interés puede haber?», cuestionó Guerrero ante los periodistas en la ciudad de Cochabamba.
La juez Patricia Pacajes aseveró en una grabación de 30 minutos aproximadamente y que fue difundido por medios de comunicación local, que ella sabía de la inocencia del delito de violación médico Jhiery Fernández y que por presiones políticas y económicas se condenó al galeno.
«Luego llega el juicio, la política manda pues en este gobierno de Evo Morales (…). Y convocan y dicen, me hacen denunciar, yo solita asumo responsabilidad y luego cada lunes había ese juicio» aseguró Pacajes en dicha grabación.
Pacajes identificó como a una de las responsables del grave error a la forense Ángela Mora, que supuestamente no tenía experiencia y hoy se encontraría en Cuba, beneficiada con becas para capacitación.
«(Mora) no tenía ni un año de experiencia de médico y entró por muñeca. (…) Entonces eso pasa el 13 de noviembre, investigan, investigan y la fiscal de Distrito, Patricia Santos, dice: ‘Aquí parece que no hay violación’, y para mí tampoco hay violación. Yo sé, yo he redactado la sentencia», relata en el audio la juez Pacajes, quien luego asegura haber recibido amenazas y presión política.
Según la versión de la Juezdel Tribunal Decimo de Sentencia, Mora fue beneficiada con el cargo de médica forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), por su supuesta relación con Guerrero.
«Llaman al médico forense, con dos años de ejercicio, una chica muy simpática, la médica forense Ángela Mora, ella es la culpable de todo. Ella llega y dice: hay violación y llama a la prensa. Este niño ha sido violado. Emite el certificado forense diciendo que este niño ha sido violado. Y sabes ¿quién es Ángela Mora?, chica del Fiscal General del Estado, y no tenía experiencia, tenía un año de experiencia» asevero la juez Pacajes.
Sin embargo el Fiscal Guerrero puso en duda sobre la autenticidad de la grabación de la jueza y calificó como una «bajeza» que Pacajes intente vincularlo con Ángela Mora.
«No podemos caer en ese tipo de situación tan baja, que lo único que busca es desprestigiar a las personas. Sé que hay unas personas involucradas que están postulando a Fiscal General que están detrás de este tipo de situaciones. Lamentable, una pena, pero en su momento vamos a decir quiénes son.Son un par de postulantes que están postulando a la Fiscalía General y que están detrás de todo esto», aseveró Guerrero.
En el supuesto audio de la juez Pacajes, también se menciona al entonces gobernador del departamento de La Paz (2015), César Cocarico.
«Entonces dicen: ‘¿qué hacemos, qué hacemos?. Hay que hacer aparecer como violador (…). Hemos dicho que hay violación ¿y ahora? No hay violador. Lo primero que han detenido es a los médicos del Hospital del Niño. Dicen ellos han violado y ahí entra (César) Cocarico», manifestó.
«En un mes sacan y dicen: ‘No hay violación (entonces) ¿quién es el culpable’ la enfermera y la cuidadora saben todo. Ella (cuidadora) se ha descuidado.
«Ahí entra César Cocarico dice no hay violación, no hay violación. La enfermera (Lola R.) no tenía experiencia, una inexperta que por la política entró a trabajar».
ANTECEDENTES QUE SE PRODUJERON EL AÑO 2015, CUANDO COCARICO ERA GOBERNADOR DE LA PAZ
El 8 de marzo de 2015 el entonces gobernador César Cocarico, había determinado el alejamiento (despido y destitución) de los involucrados en el deceso del bebé Alexander.
La denuncia fue efectuada en esa ocasión por Paola Barriga, abogada de la enfermera Martha Ticona, del Hospital del Niño.
La jurista había aseverado que la Gobernación de La Paz a cargo de Cocarico debe ser incluida en la imputación del caso Alexander, puesto que los responsables de los hogares de acogida, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), son nombrados con la aprobación del gobernador.
«Con este cambio, se ha demostrado que (la Gobernación) sí estaba encubriendo», declaró a El Diario Paola Barriga, luego de conocer que la Gobernación destituyó (desde el 27 de febrero) a Lola R. enfermera del Hogar Virgen de Fátima (HVF), quien la madrugada del 13 de noviembre de 2014, durante su turno, (atragantamiento con la leche), tomó la determinación de trasladar al menor, desde esta institución al Hospital del Niño, por presentar una bronco aspiración donde también cumplía turno, la enfermera Martha T. cliente de Barriga.
«Lo que correspondería ahora es que el Ministerio Público elimine, dentro de este proceso, como parte querellante y coadyuvante a la Gobernación y el Sedeges, no pueden seguir siendo ellos parte querellante, ellos tienen que ser procesados, tienen responsabilidades que cumplir», había asegurado la abogada Barriga.
Martha T., que solo había cumplió con las indicaciones de los médicos de la unidad de Emergencias, y haber mantenido escasos cinco minutos de contacto «indirecto» con el bebé, fue imputada por los fiscales, con el cargo de infanticidio y determinando la detención preventiva en la cárcel de Mujeres de Miraflores.
CONTRADICCIONES LEGALES
La directora del Sedeges de ese entonces, Marisabel Zubieta, explicó a El Diario, que a raíz de la muerte del bebé Alexander se había iniciado un proceso administrativo interno, en contra del portero, la administradora, la enfermera (Lola R.) y el médico de turno del Hogar Virgen Fátima, del cual fueron absueltos sin encontrar responsabilidad en su contra.
Sin embargo, en una de las primeras acciones «contradictorias» legales, iniciadas por la Gobernación, está que al día siguiente de la muerte de Alexander, junto al Sedeges, se querellaron en contra del médico de turno del Hogar Virgen de Fátima, Jhiery Fernández, siendo que semanas más tarde lo absolvieran en el proceso administrativo.
Luego, en esta serie de decisiones contradictorias y acciones tardías, que implican su responsabilidad, tal cual lo indica Barriga, se procedió a la destitución de la Administradora del Hogar Virgen de Fátima, Celia Agramont, y posteriormente de la «mamita» (educadora) de Alexander, Madeleine, P. (19), y en última instancia, (el 27 de febrero) de Lola R., con la irregularidad de que no se conocía los motivos de su destitución, por lo cual la Gobernación de César Cocarico podría haber sido pasible de otro proceso judicial, el que fue analizado por los abogados de dicha enfermera.
Cuando ocurrieron estas actuaciones extrañas en la Gobernación de César Cocarico, el caso del bebé Alexander, cumplirá cuatro meses sin ser esclarecido (14 de marzo del 2015). En esa ocasión, el caso debeló una serie de deficiencias en las políticas de cuidado de los menores en situación de abandono en los hogares de acogida, también afectó y despertó duras críticas respecto del trabajo de los fiscales que hasta esa fecha mantenían en reserva judicial las investigaciones, pero a pesar de ello le costó el puesto al fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce sustituido por Patricia Santos, que no había notificado los resultados de los exámenes forenses del IDIF, a los abogados de las diferentes partes, despertando grandes susceptibilidades sobre la responsabilidad con la que se llevan adelante las investigaciones.
Hoy a casi tres años y seis meses de esa actuación judicial y de las medidas administrativas y política en la gestión de Cocarico, y tras las polémicas declaraciones de la juez Patricia Pacajes, el fiscal general Ramiro Guerrero, instruyo el inicio de una investigación a dichas grabaciones.
«Nosotros no tenemos nada oficial, no sabemos si esos audios son verdaderos», informó Guerrero y dijo que ya instruyó una investigación del Ministerio Público para establecer la autenticidad de la voz de Pacajes en la grabación.
Por su lado el Consejo de la Magistratura indaga a la juez Patricia Pacajes y no descarta su destitución en caso de comprobarse que sentenció sin pruebas al médico Jhery Fernández por la violación al bebé Alexander, informó el lunes su delegado en La Paz, Américo Araníbar.
En un audio difundido por los medios, Pacajes admite haber sentenciado al médico a 20 años de cárcel sin pruebas y que no existió una violación al bebé Alexander en el hogar de niños Virgen de Fátima.
«Se instruyó a la Unidad de Control y Fiscalización, de la representación del Consejo de la Magistratura, investigar para efectos de verificar si evidentemente la juez habría realizado dichas manifestaciones», dijo Araníbar a los periodistas.
Si el audio es real, Pacajes habría cometido una falta gravísima por la cual debe ser procesada, incluso destituida, de acuerdo a lo que establece Ley de Órgano Judicial, agregó Araníbar.
Adelantó que la Unidad de Control y Fiscalización requerirá varios informes para corroborar ese extremo.
«La juez no debería haber emitido ninguna aseveración, ya que este proceso tiene reserva de actuación, porque se trata de un menor protegido por el Código Niña, Niño, Adolescente y la Constitución», apuntó Araníbar.
En la víspera, también el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió al Consejo de la Magistratura establecer la autenticidad del audio revelador y calificó ese caso como «extremadamente grave» que se amerita una inmediata investigación.
