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Caso Odebrecht: mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa remite a Carlos Mesa y 4 ex funcionarios a la Fiscalía por supuestos

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En caso Odebrecht capítulo Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS), remite ante el Ministerio Público a cuatro ex funcionarios públicos y al ex presidente Carlos Mesa basados en viajes y movimientos bancarios, calificados por los autores del informe como «sospechosos».

El MAS en la Asamblea Legislativa (ALP) aprobó el informe de la Comisión Mixta dirigida por la diputada masista Susana Rivero sobre el caso Lava Jato o Odebrecht capítulo boliviano. Esta Comisión basó sus conclusiones en el informe entregado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). En la sesión de la Asamblea Legislativa, ninguno de se refirió a las investigaciones que se llevan adelante en Perú y menos al de Brasil, de donde son originaria las empresas investigadas por supuestos sobornos.

En esta resolución legislativa se determinó remitir a la denuncia al Ministerio Público a cuatro exfuncionarios públicos y además enviar los antecedentes investigativos elaborados por la Comisión Especial Mixta de Investigación caso Odebrecht, para que, a partir de esas supuestas pesquisa se inicie una investigación.

Las ex funcionarios públicos que son denunciadas son: Carlos Morales Landívar, quien fue ministro de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada; Jorge Peredo Flores, gerente general del desaparecido Servicio Nacional de caminos (SNC); Luis Landívar Pereira, gerente de construcción del ex SNC; y Mario Moreno Viruez quien fungió como ministro de Servicios y Obras Públicas en el gobierno de Rodríguez Veltzé.

Según la versión de la comisión legislativa de mayoría oficialista, supuestamente hay indicios de que estas cuatro personas nombradas recibieron transferencias bancarias de las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

De todos los proyectos carreteros investigados (Roboré-El Carmen; El Carmen-Arroyo Concepción; Potosí-Uyuni; San Ignacio de Moxos-Villa Tunari y Potosí-Tarija-Villazón) supuestamente se encontraron indicios para sospechar presuntos sobornos por parte de la empresa Camargo Correa, encargada de la construcción Roboré-El Carmen a Carlos Morales Landívar (ministro de Goni) y a Jorge Peredo Flores.

Asimismo, la comisión oficialista refiere que existen indicios paran supuestamente sospechar que la empresa Odebrecht sobornó al gerente de construcción del SNC, Luis Humberto Landívar y a la antigua autoridad, Moreno Viruez.

En el informe de Susana Rivero también se plantea enviará el informe de su Comisión a la Fiscalía del Estado, para que se profundice la investigación que pesa sobre otras cuatro personas, además de las arriba mencionadas: Carlos De Mesa Gisbert, Carlos Alarcón Mondonio, Luis Jemio Mollinedo y Carlos Romero Mallea.

La Comisión legislativa también especula que en este caso Lava Jato supuestamente se utilizó la misma metodología en acciones gubernamentales y empresariales que fue aplicada en otros países; además se dice que encontraron coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileras. Por último, se develó movimientos bancarios supuestamente «inusuales», transacciones que supuestamente no tienen justificación económica ni legal.

Susana Rivero en la Asamblea Legislativa se dedicó a enumerar viajes, movimientos de cuentas bancarias para intentar sustentar sus sospechas de sobornos.

La diputada masista también intento justifica la exclusión de las investigaciones a la gestión de Evo Morales con el argumento, según ella, que los contratos fueron sacramentados en la gestiones de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltéz, pese a que el intercambio de mensajes electrónicos corresponde ya al periodo del Gobierno de Evo Morales.

Año «2007, el último viaje que hace Jorge Barata a Bolivia es el 20 de agosto del 2006. Ya habían cerrado sus negocios, ya tenían sus contratos y ya no necesita, paqué más volver a Bolivia», especuló la parlamentaria oficialista.

Rivero asevera que llegaron a sacar sus conclusiones basado en el informe de la Unidad de Investigaciones Finacieras (UIF).

En las pasadas jorndas también se develó que el Brasil no colaboró con esta supuesta investigación de caso Odebrecht, capítulo Bolivia.

La investigación de la comisión legislativa partió del informe del operativo denominado «Castillo de Arena» realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país.

El informe Castillo de Arena mencionaba 17 veces a Bolivia, puntualizando tres iniciales: C. Morales, G.G. – N.S.C. y C.M. El objetivo de la investigación en Bolivia era identificar a los dueños de dichas iniciales para establecer responsabilidades en los sobornos que hubo a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré – Puerto Suárez (Santa Cruz).

GPA/ja

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Javier Alanoca
Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente
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