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El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció hoy (25.07.2018), que es víctima de «un linchamiento a través de un proceso judicial» impulsado por el gobierno de Evo Morales, tras conocerse que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) envía a la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista- la proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.
«No es otra cosa que un linchamiento a través de un proceso judicial, viene ahora el paso siguiente que es el de la Asamblea Legislativa Plurinacional vamos a esperar su palabra no soy muy optimista lo que vaya a decidir por lo que ayer ya adelantó el presidente del Senado (José Alberto Gonzales)», dijo a los periodistas.
Tras la decisión del TSJ, ahora le toca al Legislativo autorizar o no la proposición acusatoria contra Mesa para el inicio de un juicio de responsabilidades.
La denuncia contra Mesa fue planteada por el Gobierno de Morales después de 14 años de haberse revertido las concesiones mineras en el salar de Uyuni y tras que el gobierno de Morales perdiera el laudo arbitral interpuesta por la empresa ilegal Quiborax en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI.
«Esto es una persecución política, lo que esta haciendo el gobierno es una persecución política para descalificarme y precisamente para jugar al juego de la electoralización también», afirmo Mesa a los periodistas.
El gobierno central pagó a Quiborax la millonaria suma de 42,6 millones de dólares, en medio de develaciones de filtraciones de documentos, negociaciones amistosas e intercambio de cartas entre los funcionarios del gobierno boliviano con representantes de esta empresa irregular.
El expresidente Mesa dijo que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia son brazos ejecutores que «obedecen órdenes» del poder Ejecutivo, principalmente, del ministro de Justicia, Héctor Arce.
«La que el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia confirman que son brazo ejecutor de este sistema de persecución y judicializar o criminalizar la política a través procesos penales, en caso mío de juicios de responsabilidad, que sustituyen a los tanques, a las ametralladoras», dijo Mesa en rueda de prensa.
Consideró que un juicio de responsabilidades deriva a un proceso penal que tendría el objetivo final de una condena, y que podría implicar la privación de libertad, tomando en cuenta que se lo acusa por resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
«Me parece claro y creo que aquí me eximo sin la necesidad de mayores argumentos es que lo que está haciendo el Gobierno del presidente Evo Morales conmigo es un proceso, es un mecanismo, es un ejercicio de demolición de mi figura política y de demolición de mi figura y honor personal y mi dignidad personal», mencionó.
TSJ enviará al Legislativo proposición acusatoria contra Mesa por caso Quiborax
Más temprano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que la Sala Plena de esa instancia judicial determinó remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la proposición acusatoria contra el expresidente, Carlos Mesa (2003-2005), por el caso Quiborax, para que autorice o no un juicio de responsabilidades.
«La Sala Plena ha considerado el día de hoy el informe y la consulta emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo ya ha emitido la resolución correspondiente, disponiendo la remisión de requerimiento acusatorio ante la Asamblea Legislativa Plurinacional a afectos de que ella determine lo que corresponde en el ámbito de sus competencias», informó a los periodistas.
Revilla precisó que la resolución fue aprobada por unanimidad de los siete magistrados que son miembros de la Sala Penal.
Informó que Edwin Aguayo y Olviz Egüez no fueron parte de Sala Plena porque ellos emitieron el informe de la proposición acusatoria contra el ex mandatario.
Explicó que concluyó «la etapa del antejuicio» y precisó que se remitirán al Legislativo más de 3.000 fojas de ese proceso.
La Fiscalía General del Estado remitió al TSJ una proposición acusatoria redactada, el 22 de mayo, por la Procuraduría General del Estado, que acusa a Mesa por la pérdida de 42,6 millones de dólares, que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
