LA PAZ, Bolivia, 15 de Febrero de 2025 (GPA). En la Amazonía boliviana denuncian el asesinato de un líder indígena de la comunidad «Leco» a manos de una «mafia criminal» dedicada al tráfico de tierras para su uso en la minería ilegal que arrasa con el bosque y los ríos, contaminándolos con mercurio.
En la mañana del viernes 14 de febrero, el capitán grande del Territorio Indígena Originario (TCO) del Pueblo Leco, Dionicio Gutiérrez, informó del hallazgo del cuerpo sin vida de Francisco Marupa, un indígena de la comunidad Leco Torewa y miembro de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA).
Marupa fue encontrado en su chaco (terruño), que está ubicado por el río Hondo, en el parque Madidi de La Paz. Los presuntos autores, que también fueron vistos por el lugar, escaparon en la lancha del fallecido, dijo Gutierrez.
«No solo mataron a un indígena Leco, también mataron a un defensor de la naturaleza, de nuestra madre tierra», señala un comunicado de la CIPLA.
El caso trascendió las fronteras nacionales y generó la reacción de la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros en Bolivia, que condenaron el asesinato y solicitaron una investigación urgente.
“La UE y sus Estados Miembros condenan muerte violenta de Francisco Marupa, indígena del pueblo Leco. Nos solidarizamos con su familia y su comunidad. Este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia». señala el pronunciamiento.
«La violencia, el despojo de tierras y la expansión de actividades ilegales en parques nacionales atentan contra la vida, la seguridad y los derechos de las personas», enfatiza el organismo internacional, que hizo eco de lo sucedido a través de las redes sociales.
«Hacemos un llamado a las autoridades para que se identifique y sancione a los responsables de este suceso; pedimos garantizar la protección del pueblo Leco y de las comunidades que enfrentan amenazas similares. Tal como lo manifestamos en nuestro último Diálogo de Alto Nivel con Bolivia, estamos comprometidos con la lucha contra la deforestación y a favor del desarrollo sostenible, así como con la defensa y promoción de los Derechos Humanos», finaliza.
De acuerdo con testigos, el crimen ocurrió en la madrugada, cuando la víctima, un hombre de la tercera edad dedicado a la agricultura, recibió un disparo de arma de fuego mientras dormía en su vivienda. «En su cama sucedió, más o menos fue por las 3 de la mañana, y el vecino ha escuchado el hecho», relató Eugenia Natez, comunaria de la zona.
El vicepresidente de la CPILAP, Lino Illimuri, indicó a la radio local Erbol que coincidía en señalar que el crimen está asociado a los extractivismos. Se basa en testimonios de los comunarios, porque “la zona está siendo asediada por solicitudes de explotación minera”.
Reveló que hay varias cooperativas intentando ingresar a la zona para explotar oro. Agregó que su organización está tratando de hacer valer una acción popular para evitar el avance de la minería ilegal en los ríos del norte del país.
«Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados; porque estos, como a animal lo han matado a mi papá; como a un venado lo han cazado. No puede ser así», manifiesta uno de Marupa, con la voz entrecortada.
La Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo de Marupa. La autopsia permitirá saber la data de la muerte, que los comunarios presumen que sucedió el miércoles pasado, como señalaron a la CPILAP, video que fue difundido en las redes sociales de esa organización.
La noche de este viernes 14 de febrero se detuvo al principal sospechoso del crimen, aunque se dice que serían dos los responsables. Según informes iniciales, el detenido se atribuyó el crimen. «Me enviaron a matarlo», dijo. Los reportes de la prensa desde el lugar, indican que hay contradicciones en su declaración.
El portal de CIPLA difundió la mañana de este sábado un video en el que se observa al sindicado a bordo de un bote con las manos atadas, mientras es interrogado por un policía que lo acompañaba durante su traslado a la ciudad de Rurrenabaque.
En la grabación, el detenido afirma haber quitado la vida a Marupa con una flecha, aunque, debido al ruido del motor y el viento, no se logra escuchar con claridad las razones del crimen.
Las imágenes difundidas en el mismo portal muestran el levantamiento del cadáver, que habría sido trasladado a la población de Reyes para la correspondiente autopsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas de la muerte.
El asesinato del indígena leco generó indignación en diversas organizaciones defensoras del medioambiente y de los pueblos indígenas, que atribuyen el hecho a conflictos vinculados con la minería aurífera ilegal.
La organización denunció, además, el asedio por años, de parte de grupos ilegales que trafican con la tierra para destinarla a la minería ilegal, a la caza y otras actividades criminales dentro del área protegida nacional, Parque Madidi, uno de los más biodiversos del mundo.
Desde 2023, los reportes de incendios muestran cómo las llamas están empezando a afectar la amazonía boliviana en el norte paceño y en Beni, en coincidencia con el avance minero y agrícola.
La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) también envió una carta al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca, al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez y al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. En la misiva se informa acerca del asedio en el que viven algunas comunidades.
También demandan que se investigue la muerte de Marupa, que se dé con los autores “y se procese a las mafias criminales que son los autores intelectuales”. Asimismo, exigen todas las garantías estatales necesarias para proteger su territorio indígena titulado, sus recursos naturales y la vida de todos los integrantes del pueblo indígena leco de Apolo.
La CPILAP, mediante su página de Facebook, se pronunció repudiando el hecho y exigiendo garantías para el Pueblo Leco.
«Exigimos a las autoridades tomar cartas en el asunto para su debida investigación a estos hechos, así también le brinden las garantías constitucionales a nuestros hermanos indígenas verdaderos defensores de la naturaleza que hoy sufren hechos criminales por terceras personas con el objetivo de extractivismo», reza su comunicado.
En 2018, el entonces ministro de Minería, Cesar Navarro, aseguró que no se otorgarían permisos en el Madidi; sin embargo, la minería ilegal avanza sin pedir autorización, sin medidas efectivas de parte de las autoridades.
Incluso este sector ha llegado a procesar a guardaparques por interponerse con este avance, como ocurrió con Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, denunciados y judicializados por Ramiro Cuevas. En esa oportunidad, los guardaparques debieron defenderse con sus propios recursos y el apoyo de colectivos ambientales, sin respaldo de su ente matriz, el Sernap.
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