El diputado de Unidad Nacional (UN), Amilcar Barral, denunció hoy (07.11.2018) que el Gobierno de Evo Morales supuestamente perdonó la sanción establecida a los ex ejecutivos del Banco Unión, derivado del caso de desfalco millonario protagonizado por Juan Pari Mamani.
“Hay diez ejecutivos que estaban con ese castigo, con el castigo de por vida, como el Presidente del directorio y como la gerente general Marcia Villarroel también de por vida y otros ejecutivos por diez años”, declaró Barral.
Barral anunció que pedirá un informe al Ministerio de Economía, instancia de quien depende el Banco Unión, para que le den un reporte oficial sobre la supuesta eliminación de las sanciones a los ex ejecutivos de dicha entidad bancaria.
“Lo que nos sorprende es de que, entre gallos y medianoche sacaron otras resoluciones suspendiendo esas sanciones, no entendemos por qué tomando en cuenta que ha habido unas cuantas personas que supuestamente han estado implicadas en esto, pero las MAEs que no se dieron cuenta que había un funcionario que se tiraba 150 mil bolivianos por día, y no se dieron cuenta, ya hay responsabilidades por omisión”, explicó el diputado de UN.
Recordemos que diciembre de 2017, los ex ejecutivos del Banco Unión, después de develarse el escandaloso caso de Juan Pari, fueron sancionados con la inhabilitación temporal o definitiva de trabajar en entidades financieras y bancarias.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) había sancionado con la inhabilitación definitiva para trabajar en el sistema financiero a la exgerente general Marcia Villarroel, al ex presidente del directorio Diego Pérez Cueto y al ex síndico Javier Fernández, y dejando pendiente de resolución otros casos.
Hoy, a un año de esa determinación de la ASFI, Barral exhibió documentación en el que se menciona que esa sanción fue levantada a la exgerente general del Banco Unión, Villarroel y al ex presidente del directorio Pérez Cueto.
Barral mostró una resolución firmada por el entonces viceministro de Servicios Financieros, Óscar Ferrufino, del mes de mayo del presente año, documento en que se suspende la sanción impuesta al ex presidente del Directorio del Banco Unión, Diego Pérez Cueto.
Pérez Cueto había pedido la suspensión de su sanción, dado que su proceso está en impugnación, con el argumentó de que el castigo vulneraba su derecho a la presunción de inocencia y supuestamente se afectaba a su familia, puesto que tiene dos hijos menores de edad.
Asimismo, en esa documentación se señala que fueron suspendidas las sanciones a los ex gerentes de Operaciones, Gestión de Riegos y Auditoría, quienes estaban castigados con 10 años sin poder trabajar en el sistema financiero.
Con relación al caso del ex síndico Fernández, su proceso está pendiente en etapa de resolución de un recurso jerárquico.
Ante todo este panorama, el diputado Barral cuestionó la supuesta determinación del Gobierno de Evo Morales, a través del Ministerio de Economía, que supuestamente suspendió las sanciones a ex ejecutivos del Banco Unión, que no evitaron el robo de 37 millones de bolivianos por el ex funcionario de la entidad estatal, Juan Pari.
A fines del mes de septiembre del 2017, el Ministerio Público informó que había imputó a Juan P. M., Luciana R. C. y Alexis C. H. por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al desfalcar millones de bolivianos al Banco Unión.
«La comisión de fiscales trabajó arduamente en las investigaciones, que derivaron en la aprehensión y posterior imputación de tres personas que habrían cometido delitos de legitimación de ganancias, por lo que serán sometidos a una audiencia de cautelar», señaló en esa ocasión el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco Soria, en boletín institucional.
De acuerdo a la resolución de imputación, Juan P. M. fue aprehendido en una agencia del Banco Unión del centro de la ciudad de La Paz, tras la denuncia de funcionarios de movimientos bancarios desproporcionales a su capacidad económica como ex Jefe de Operaciones, en la población de Batallas.
Asimismo, al momento de su aprehensión el imputado refirió que estaba esperando a su pareja Luciana R. C., quien fue sorprendida de manera flagrante realizando una transacción monetaria de 20.000 bolivianos a entidad financiera.
Según las investigaciones dirigidas por una comisión de Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, Juan P. M. como ex funcionario del Banco Unión, tenía el control de la carga del cajero automático, mediante un software que centraliza todos los movimientos bancarios, lo cual fue aprovechado por el imputado para retirar montos de dinero.
La comisión de fiscales estableció que el imputado junto a Miguel A. S. viabilizaron la comisión del delito desde diciembre de 2016, toda vez que no había control exhaustivo de esos dineros.
El Ministerio Público identificó que el primer retiro fue de 20.000 bolivianos, posteriormente esos montos sumaron un millonario desfalco al Banco Unión, que fueron utilizados para la compra de autos de último modelo y bienes inmuebles, además de inversiones y negocios para ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial desproporcional e introducirlos a la economía formal.
En ese marco, la comisión de fiscales imputó en grado de autoría a Juan P. M y Alexis C. H. y en grado de complicidad a Luciana R. C. por los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
Después de algunas semanas de investigación finalmente se conocería que Juan Parí había sustraído aproximadamente 37 millones de bolivianos para darse una vida de lujos con viajes e placer y despilfarro. Parí había comprado autos, propiedades y constituido empresas con sus amigos más cercanos. El caso aún está en etapa de investigación.
GPA/ja
A propósito del PARI torturado en la CÁRCEL "nadie sabe porqué", sabían ustedes que los principales ejecutivos del BANCO…
Posted by Amilcar Barral on Wednesday, November 7, 2018
