El diputado Horacio Poppe informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminó al Estado boliviano a responder por los hechos luctuosos de La Calancha ocurridos en el Gobierno de Evo Morales en noviembre de 2007, según consigna Correo del Sur.
La demanda fue planteada por el diputado Poppe ante la CIDH, con el objetivo de que el actual Gobierno atienda y resarza económicamente a todas víctimas que han quedado lisiadas como resultado de haber enfrentado a la población civil con las fuerzas del orden, cuando se redactaba la nueva Constitución Política del Estado, en la ciudad de Sucre.
Poppe explicó que en la demanda se sustentó que el Estado incurrió en retardación de justicia en el caso de La Calancha, por lo que en el mes de septiembre del año 2015 presentó ante la CIDH en Washington (Estados Unidos), el formulario de petición de demanda que fue trabajado por su equipo de abogados.
En 2011, el Ministerio Público remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud para abrir investigación contra el ministro de Gobierno de ese entonces, Alfredo Rada, y otros funcionarios por los hechos de La Calancha; el caso nunca fue remitido por el Presidente de la ALP, Álvaro García Linera, al pleno de la Asamblea para su correspondiente tratamiento.
Poppe recordó que en febrero de 2016, la CIDH le comunicó la admisión de la petición de la denuncia y abrió investigación del caso; a partir de ese entonces se comenzó a producir prueba y una de ellas estaba relacionada con el estado de salud de las personas cuyas heridas dejaron secuelas de por vida. Hubo un examen médico y psicológico, apuntó.
Destacó que es el único proceso que se logró abrir por los hechos de La Calancha y que tuvo cierta rapidez en comparación con el caso Terrorismo, que se denunció en 2009 y en el que la CIDH pidió descargos al Estado en 2018. El caso de La Calancha se denunció en 2015 y en 2019 se solicitaron los descargos.
El diputado dijo que la CIDH le pidió al Estado presentar sus descargos el 11 de marzo, otorgándole un plazo de 90 días que se cumple el 11 de junio, pero el Gobierno solicitó una ampliación que fue concedida hasta el 19 de julio. El plazo es irrevisable, recalcó.
CIDH conmina al Estado a responder por La Calancha cumplida esa prórroga y antes de que inicie el juicio, la CIDH convocará a las partes a una conciliación que podría darse, si el Estado acepta una reparación del daño económico y médico; de lo contrario, se irá a juicio.
