Este es el decálogo elaborado por el Gabinete Especial de Lucha Contra la Violencia hacia a las mujeres y la niñez, que fue aprobado esta jornada y que declara Prioridad Nacional la Lucha Contra el Feminicidio y la Violencia hacia a las mujeres, niñas y adolescentes:
Pacto para que un porcentaje del presupuesto de seguridad ciudadana proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se destine a la lucha contra la violencia hacia a las mujeres, niñas y adolescentes.
Prevenir la violencia desde el sistema educativo, con la participación de madre, padres de familia, maestros, maestras y estudiantes para construir nuevas relaciones basadas en el respeto y no en la violencia.
Eliminar la impunidad, con la Policía, la Fiscalía, el Órgano Judicial, para acelerar el acceso a la justicia. Pacto con y en las familias para promover una cultura con valores, la corresponsabilidad y lucha contra las violencias.
Enfrentar la violencia desde todas las instancias y niveles de gobierno, cada servidor público, no sólo debe conocer la norma, sino también debe entender la problemática de la violencia, para fortalecer el rol de las y los servidores públicos en la protección, promoción, atención a la violencia que viven las mujeres y la niñez, en especial con el Sistema de Salud.
Comunicar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres y la niñez, para avanzar en la construcción de una cultura de no violencia.
Los municipios y gobernaciones deberan mejorar y fortalecer los servicios de atención y protección a las mujeres y la niñez que viven situaciones de violencias, para dar respuesta oportuna a las víctimas y prevenir la violencia para la ejecución de sus recursos.
En las empresas privadas se deben combatir las violencias al interior de las mismas y generar un clima empresarial libre de violencia hacia a las mujeres.
Las organizaciones sociales se constituyan en promotores y vigilantes de la lucha contra las violencias, desde los barrios, las comunidades, los espacios laborales, etc.
Estudiar la posibilidad de considerar el feminicidio como de extrema gravedad y lesa humanidad, y plantear un tratado internacional sobre el feminicidio.
Estos pactos, serán desarrollados y monitoreados, desde el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización «Ana María Romero», con control social y seguimiento estrecho por el Gabinete Especial, bajo la dirección del Presidente.
La Fiscalía General del Estado reportó desde enero hasta la fecha 73 casos de feminicidio, sin embargo, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró 59 hechos.
