Los empresarios de Bolivia, demandaron al Gobierno de Evo Morales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por haber aprobado una Ley que da curso a la expropiación de empresas privadas.
“Que nuestra organización ha asumido acciones de defensa de los derechos que nos asisten, y en estos momentos una delegación institucional se encuentra presentado una denuncia ante la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en la ciudad de Ginebra, Suiza, activando los mecanismos legales correspondientes para que los gobernantes cumplan con compromisos adquiridos en el marco del respeto del mundo del trabajo”, aseveró el presidente de los Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas.
El viceministro de Empleo, Emilio Rodas, cree que los empresarios privados «se equivocan» al demandar al Gobierno ante la OIT por las políticas salariales y laborales recientemente aprobadas en el país.
«Nos parece absolutamente injustificado (…). El Gobierno en base a sus prerrogativas constitucionales tomó decisiones y emitió normativas», intentó justificar el funcionario de Gobierno, pese a saber que la Constitución Política del Estado da garantías a la propiedad privada.
Sin embargo, el presidente de los Empresarios Privados de Bolivia denunció que el gobierno de Evo Morales ha realizado en los últimos 13 años, un sistemático marginamiento del sector empresarial de las negociaciones con los trabajadores sobre el incremento salarial y otros temas laborales.
“El Gobierno y la Central Obrera Boliviana han decidido ignorar acuerdos internacionales vigentes que obligan a la consulta exhaustivo, con la plena participación del sector privado. Y en un franco menosprecio a la legalidad nos han marginado de todo proceso de dialogo y negociación sobre los aumentos (salariales) en los últimos años”, afirmó Nostas.
Ante todas estas arbitrariedades del gobierno y la COB, los empresarios demanda la inmediata abrogación de la denominada “Ley de Empresas Sociales”, porque dicha normativa atenta contra los derechos constitucionales y es arbitraria porque entrega a unos lo que en propiedad corresponde a otros.
En ese sentido, en otro punto también exige el respeto de la Constitución Política del Estado y su institucionalidad, especialmente, los principios del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y al ejercicio de las libertades empresariales.
