Desde hace más de un año en Bolivia se encarcela a personas por haber matado perros con una Ley aprobada por el Gobierno de Evo Morales, sin embargo recién hoy (04.04.2019) a su ministro de Justicia, Héctor Arce, le parece «irracional» que una mujer sea encarcelada con detención preventiva por ese hecho.
«Estos son los extremos irracionales que la Justicia Penal debe evitar con la nueva Ley de Abreviación Procesal. Es inconcebible que se le quite la libertad preventivamente a un ser humano en una caso como este. Este es el triste estado de justicia boliviana», señaló el comentario publicado en la cuenta de Twitter de Arce.
El comentario de la autoridad de Gobierno deriva del caso que se registro el pasado 1 de marzo. En esa jornada un perro apareció muerto por supuesto envenenamiento, y la dueña de ese animal acusó a la señora Antonia Apaza del hecho.
En ese hecho, según la denuncia, se registró en las inmediaciones de la avenida Roca y Coronado, entre las calles Mario Flores y Cecilio Jordán de la ciudad de Santa Cruz.
La mujer fue acusada de ensañarse contra el animal y la fiscal Leticia Campos atendió el caso. En la audiencia cautelar un juez ordenó la detención de la acusada por el delito de biocidio, sin realizar una valoración proporcional a una persona frente a un animal.
Sin embargo, ésta no es la primera mujer que es víctima de la desproporcional aplicación de la Ley por parte de los administradores de justicia en Bolivia.
El 13 de agosto del 2018, una mujer comerciante, Victoria L. de 55 años de edad, fue encarcelada tras ser acusada de la muerte de un perro que intentó robarle carne de su puesto de venta en el mercado Campesino de Cochabamba.
La mujer fue remitida con detención preventiva a la cárcel San Sebastián mujeres de Cochabamba acusada del delito de biocidio.
La acción de la mujer indignó a las asociaciones defensoras de animales, que, con sus manifestaciones de protesta por la muerte del animal lograron que esta persona sea encarcelada.
La Ley 700 Para la Defensa de los Animales, aprobada por Evo Morales, penaliza los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos. La pena por este delito es de 3 a 5 años de cárcel.
GPA/ja
