Estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estableció que Argentina, El Salvador y Bolivia son los tres países de la región donde sus gobiernos más malgastan los recursos públicos.

El BID cataloga como “despilfarro” a tres acciones asumidas por los gobiernos de Mauricio Macri,  Salvador Sánchez Cerén

y Evo Morales Ayma, respectivamente : las compras del Estado, el salario de los empleados públicos y los subsidios, típico de los gobiernos populista.

El ranking de países que más despilfarranfondos lo encabeza Argentina, seguido por El Salvador y el tercer lugar lo ocupa Bolivia que, según el informe, malgasta el 6,3% de su PIB.

En la lista continua Nicaragua (5%), Colombia (4,8), México (4,7), Costa Rica (4,7), Honduras (4,6) entre otras.

En la lado opuesto al despilfarro están Guatemala (2,7), Perú (2,5) y Chilecomo el país que aprovecha de mejor manera los recursos, desperdiciando solo el 1,8% de su PBI.

Esto se expone en un reciente informe del BID, en el que se manifiesta que los países latinoamericanos han “malgastado” unos $us 220.000 millones, equivalentes al 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países analizados.

De acuerdo con las estimaciones del BID, en Bolivia el Gobierno “malgastó” 6.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Si se aplica esa proporción al producto económico de 2017, en valor asciende a $us 37.000 millones, por lo que resulta que alrededor de 2.331 millones de dólares fueron despilfarrados por el Gobierno en funciones.

“Con esa cantidad de dinero podría eliminarse la pobreza extrema de toda la región”, sostiene en la BBC Mundo el experto Alejandro Izquierdo, quien es el economista jefe del organismo.

Las compras gubernamentales incluyen la corrupción en compra de computadores para una escuela, la construcción de una carretera o el suministro de servicios básicos, como agua y electricidad. Las empresas proveedoras y ejecutoras en la región se gastaron cerca de $us 450.000 millones en esas áreas, pero en muchos casos los precios no fueron competitivos o los mecanismos de asignación de contratos no han sido lo suficientemente transparentes.

“Las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción”, dice el estudio. Y aunque la investigación plantea que “es difícil medir el costo exacto de la corrupción por su naturaleza oculta”, estima que al menos 17 % de las compras públicas en América Latina terminan en desvío de fondos, restándole al Producto Interno Bruto regional 1,4 %.

En esto, el ejemplo más cercano es el caso Odebrecht, relacionado con el pago de sobornos para asegurarse contratos públicos en 14 países de la región.

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