La ex presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, interpuso la acción de inconstitucionalidad concreta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra los supuestos delitos que se la acusan en ‘juicio ordinario’ denominado caso «golpe de Estado II» para que el Tribunal ordinario no emita sentencia en su contra.
«Con carácter previo, señor Presidente: En procura de verdadera Justicia, quiero comunicar a este Tribunal que el día de ayer presenté una Acción de Inconstitucionalidad Concreta contra los Artículos 153 y 154 del Código Penal, referentes a ‘Resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes’ e ‘Incumplimiento de deberes'», manifestó Áñez en audiencia.
La ex Mandataria boliviana argumentó que ambos artículos por los cuales la juzgan, contienen definiciones abiertas, difusas, discrecionales e indeterminadas, por tanto contrarias al Principio de Legalidad. «Ello genera verdadera inseguridad a cualquier servidor público del Estado, que irónicamente comprende a muchos de los que participan en este Juicio».
«Asimismo, considero específicamente para el delito de “Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, que no se puede dejar a la interpretación de un fiscal o juez ordinario la conducta de una persona como inconstitucional, siendo ello exclusiva atribución del Tribunal Constitucional, conforme lo manda nuestra Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional», puntualizó Áñez en Twitter.
Jeanine Áñez es objeto de varios juicios ordinarios, en Tribunales ordinarios, sin que se respeté su condición de ex Mandataria de Estado, que implica un juicio de privilegio por la vía del Juicio de Responsabilidades. Desde el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al Gobierno, este partido emprendió varios proceso penales en contra de Áñez.
En la audiencia desarrollado hoy viernes en La Paz, la ex Presidenta interina interpeló a los jueces por su intención de dictar sentencia de forma precipitada y sin respetar el debido proceso. Áñez recordó que el caso «golpe de Estado II» es un proceso de carácter político, secundado por el Tribunal correspondiente.
«Por tanto, si ustedes en verdad asumen lo que pregonan, es decir la aplicación del Derecho, deberán abstenerse de dictar Sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie; de lo contrario, se confirmará el carácter político de este proceso, sin respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales de mi persona», manifestó Áñez a los jueces en audiencia.
Ahora, la acción de inconstitucionalidad concreta pasará a revisión ante el control constitucional y el Tribunal ordinario no puede emitir sentencia hasta que el TCP dé una respuesta. Sin embargo, podrá continuar con los actuados referidos a la toma de declaraciones de testigos, careos e incluso llegar a la fase de alegatos.
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