El exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Oscar Coca, observó ante el fiscal Anticorrupción de La Paz, que esa empresa telefónica no es pública, no fue nacionalizada, sino es una empresa privada y no está bajo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Con ese argumento pidió a la Fiscalía rechazar la denuncia en su contra planteada por el actual Gobierno.
Durante los últimos 12 años Evo Morales Ayma aseguró a los bolivianos que ENTEL fue nacionalizada. El año 2008 Evo Morales realizó eventos rimbombantes, colgando carteles gigantes en los edificios de ENTEL con la palabra «NACIONALIZADA».
Coca fue denunciado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias por presunto daño económico de 1.700 millones de bolivianos.
Esta jornada se apersonó para conocer la denuncia presentada el pasado 20 de diciembre y uno de los actos de su defensa fue observar la naturaleza jurídica de Entel y asegurar que la denuncia en base a la Ley 004 no corresponde «por ser Entel una empresa privada y una sociedad anónima».
A través de sus abogados aseguró que Entel gira bajo el Código de Comercio y es una sociedad de acciones en las que el Estado tiene mayoría absoluta por efecto del decreto de nacionalización.
Durante 14 años el gobierno de Evo Morales aseguró que la telefónica era cien por ciento del Estado y que arrebataron a los italianos que se habían adjudicado durante el proceso de capitalización en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Con el fin de corroborar sus aseveraciones, el denunciado pidió a la Fiscalía que requiera al Ministerio de Economía si los recursos que maneja Entel provenien del Tesoro General del Estado y preguntar a la Contraloría General del Estado, si los empleados están obligados a hacer sus Declaraciones Juradas de ley.
La misma estrategia jurídica utilizaron dirigentes sindicales de YPFB en Santa Cruz donde fueron denunciados por uso indebido de bienes del Estado y para eludir medidas cautelares argumentaron que YPFB es una sociedad anónima y no una empresa del Estado porque así está inscrita en Fundempresa.
El juez que atendió el caso dio razón en primera instancia a los dirigentes sindicales, quienes sin embargo perdieron en la fase de apelación donde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, YPFB y el Viceministerio de Transparencia aseguraron que el certificado de Fundempresa tiene un valor probatorio «formal».
Los vocales de la Sala Penal de Santa Cruz aseguraron que el certificado de Fundempresa no puede estar por encima de un Decreto Supremo que dispone la nacionalización y la transferencia de las acciones de la empresa británica.
El argumento de la Fiscalía y del Viceministerio coincide en afirmar que si bien los ejecutivos y trabajadores de YPFB no son funcionarios según lo establece el Estatuto del Funcionario Público y la Ley 1178, el amparo del Art. 61, II de la Ley 466, prevé que estos servidores pueden incurrir en delitos de corrupción insertos en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción.
El Auto de Vista favoreció al Estado y los dirigentes sindicales fueron reencauzados al proceso por delitos de corrupción pública.
DESFALCO MILLONARIO: Evo Morales pagó US$100 millones a filial de Telecom Italia
El gobierno boliviano nacionalizó Entel el 1 de mayo del 2008, tras intentar durante un año el traspaso concertado de todo o parte del paquete accionario del 50% que ETI tenía en la telefónica boliviana desde su privatización a mediados de la década de 1990.
Bolivia pagó US$100 millones a una filial de Telecom Italia para poner fin a una disputa iniciada en mayo del 2008, debido a la nacionalización de una empresa telefónica que el grupo europeo controló durante casi 12 años, reportaron este sábado medios locales.
El pago se hizo efectivo en el mes de noviembre del 2010, tras la firma de un acuerdo en La Paz, y representa sólo una décima parte de lo que pedía Telecom, a través de su filial Euro Telecom International (ETI), por su participación en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), dijo radio Erbol en su sitio web.
«Se ha llegado a un acuerdo satisfactorio con la empresa ETI, porque se suscribió un contrato transaccional de reconocimiento de derechos y de obligación general recíproca», dijo la ministra de Defensa Legal, Elizabeth Arismendi, según el informe.
El acuerdo, que deja sin efecto todas las demandas cruzadas en los tres últimos años entre ETI y el gobierno izquierdista de Evo Morales, fue firmado por la ministra Arismendi, en nombre de Bolivia, y por el representante de ETI en el país, Massimo D’Alesio, de acuerdo al reporte.
El pago fue autorizado por el gobierno mediante un decreto emitido el pasado miércoles 3 de noviembre y se concretó con fondos propios de la nacionalizada Entel, informó Erbol.
Según el informe, el decreto ordenó pagar «una justa compensación» a ETI, basada en un avalúo independiente y aceptado por ambas partes.
«Eso se cumplió con ETI satisfactoriamente para los bolivianos y en un monto que está alrededor del 10% de la demanda que ellos habían realizado», dijo Arismendi, asegurando que el acuerdo «no generará ningún gasto al Tesoro General de la Nación».
Sin embargo, el diario La Razón dijo el sábado que el acuerdo incluiría el pago de los pasivos de ETI en el país, que a diciembre del 2009 sumaban US$153,7 millones, correspondientes casi exclusivamente a impuestos.
El gobierno boliviano nacionalizó Entel el 1 de mayo del 2008, tras intentar durante un año el traspaso concertado de todo o parte del paquete accionario del 50% que ETI tenía en la telefónica boliviana desde su privatización a mediados de la década de 1990.
Bolivia decidió entonces fijar unilateralmente el valor de una compensación, pero la firma europea replicó primero con una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, y luego ante un tribunal de Naciones Unidas en La Haya, ninguna de las cuales llegó a sentencia.
Bolivia también demandó a ETI en tribunales estadounidenses por un congelamiento de cuentas de Entel y por incumplimiento de contrato, arguyendo entre otras razones que la firma italiana no habría cumplido su compromiso de invertir US$610 millones a cambio del 50% de Entel.
Entel es la empresa dominante en los mercados bolivianos de telefonía de larga distancia, datos y telefonía móvil, y puntal de un plan de Morales para extender las telecomunicaciones a todos los rincones del país.
El gobernante indígena, quien fue reelecto hace casi un año, ha revertido también al Estado el control de la industria petrolera y parte de la minería y de la industria eléctrica.
