En consonancia con el Gobierno, hoy (26.11.2018), el Consejo de la Magistratura instauró un proceso disciplinario contra la vocal de la Sala Penal Segunda, Anawella Torres, por haber suspendido la detención domiciliaria del Alcalde de Cochabamba, José María Leyes, dentro del proceso de las “mochilas I”.
«Se ha iniciado un proceso disciplinario a la vocal, Anawellla Torres, porque habría, digamos un poco, alterado el orden de los sorteos de causas para adelantar la audiencia de José María Leyes», informó a los periodistas , informó el lunes su asesor legal, Jhonny Rocha.
El pasado viernes la Sala Penal Segunda benefició a Leyes con la suspender la detención domiciliaria. Inmediatamente conocida esta determinación de la Justicia, el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez, en lugar de hacer uso de los recursos legales, como la apelación, para revertir la decisión de los vocales de dicha Sala, en un plano de amedrentamiento amenazó con plantear en las próximas horas un proceso penal contra esas autoridades.
«Vamos a evaluar en las siguientes horas una interposición de una acción penal contra estos vocales», dijo en una conferencia de prensa.
Tras 72 horas de ese anuncio, el Consejo de la Magistratura, en consonancia con el Gobierno de Evo Morales, instaura un proceso para destituir a los vocales -como los de la Sala Penal Segunda- se atrevan a ir en contra de la línea del actual Gobierno. Con acciones conjuntas como estás, los operadores de justicia en Bolivia no pueden aplicar las leyes en independencia y continuaran en caída libre sobre su poca credibilidad.
El caso mochilas I denunciado por el partido oficialistas Movimiento al Socialismo (MAS) es investigado desde el 3 de abril, porque supuestamente la Alcaldía adquirió los útiles y las mochilas de 2018 fueron provistos por la empresa accidental ’26 de Febrero’, que supuestamente compró el lote en China en 12,4 millones de bolivianos cuando supuestamente su costo real podía haber sido 2,3 millones de bolivianos por ese material educativo.
