Fiscalía de Corte Penal Internacional admite demanda contra Evo Morales por «actos inhumanos»

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) -con sede en La Haya- admitió la denuncia contra el expresidente Evo Morales por el grupo de delitos contemplados en los «actos inhumanos», debido a las acciones que él y otros dirigentes del MAS promovieron en los bloqueos y movilizaciones, a inicios de agosto, en plena pandemia por el COVID-19.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, explicó que ese trámite implica la solicitud del inicio de las investigaciones preliminares, para analizar los argumentos y pruebas que presentó la Procuraduría General del Estado, cuando instauró la denuncia el pasado 4 de septiembre.

«De conformidad con la Norma 45 del Reglamento de la Corte, he informado a la Presidencia de la CPI de esta remisión para facilitar la asignación de la situación a una Sala de Cuestiones Preliminares», informó Fatou Bensouda, a través de un comunicado publicado por la CPI.

La demanda, que también pide juzgar a los dirigentes Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB) y Leonardo Loza, líder cocalero del Chapare, tiene que ver con los daños provocados por los bloqueos, registrados a inicios de agosto.

Esas movilizaciones impidieron el abastecimiento de oxígeno, medicamentos y alimentos a la población civil, a partir de una organización «criminal» que fue más allá de sus derechos sindicales.

En ese entendido, el escrito solicita a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, que admita esta denuncia por delitos contemplados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, el instrumento internacional que en 1998 dio vida a la CPI y que fue ratificado por Bolivia en mayo de 2002.

De este modo, la demanda fue planteada bajo la figura legal específica de «actos inhumanos (…) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental» y detalla una serie de hechos que, incluso, llegaron a provocar el fallecimiento de 40 personas por falta de oxígeno.

«Una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación. No obstante, si la Fiscalía determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación», agrega la declaración de la fiscal Fatou Bensouda.

Durante la presentación de la denuncia, el procurador General del Estado, José María Cabrera, precisó que la Fiscalía de la CPI debe hacer un análisis legal a fin de realizar una investigación preliminar, con el objetivo de allanar un proceso que debe reparar los daños provocados por estos actos inhumanos, registrados cuando pacientes afectados por COVID-19 fallecieron al no poder acceder a la provisión de oxígeno.

Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente

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