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Mediante requerimiento, el Ministerio Público pidió a la red televisiva ATB remitir la información de quién proporcionó la grabación de audio y el soporte en el que fue entregado para la difusión.

El fiscal de materia Ramiro Prieto Villegas emitió este requerimiento en la jornada de este 20 de septiembre, estableciendo como plazo para la respuesta «24 horas».

«Informar el nombre de la persona que entregó el audio o la fuente de origen, el lugar y a qué persona se entregó dichos elementos», señala la instructiva del fiscal Prieto Villegas.

En otro acápite, el documento del Ministerio Público entregado a la red televisiva, requiere la entrega del soporte físico en el que fue entregado el material de grabación.

«Remitir el artefacto o la fuente de origen del audio que fue difundido por su cadena televisiva en donde presuntamente la juez presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia Petrona Patricia Pacajes Achu en una conversación con otra persona relata pormenores del juicio del caso denominado «Bebé Alexander», señala el requerimiento fiscal en otro párrafo.

En respuesta a este requerimiento del fiscal Prieto Villegas, funcionarios de la red ATB, públicamente rechazan el pedido revelar la fuente de la grabación de audio de la juez Pacajes.

«Hacemos conocer enfáticamente que no revelaremos nuestra fuente por principios éticos y normas penales que así nos amparan», aseveró uno de los presentadores de dicho medio televisivo, en la Ley de Imprenta que protege el secreto de fuente.

En Bolivia se instituye el secreto profesional, que de acuerdo a la Ley de Imprenta en su artículo 8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país.

El fin de semana, medios de comunicación local publicaron un audio de 20 minutos aproximadamente, en el que, supuestamente, la juez Patricia Pacajes realizó un relato muy detallado del caso bebé Alexander, develando que el médico Jhiery Fernández era inocente del delito de violación, por el que fue encarcelado por 20 años.

Esta supuesta confesión desató una ola de criticas al accionar de la juez y la consternación de la opinión pública boliviana.

El Concejo de la Magistratura inició un proceso administrativo y penal en contra de la juez Patricia Pacajes, además de auditorias al proceso conocido como caso bebé Alexander, por la supuesta sentencia a 20 años de cárcel de un inocente.

En el caso del Ministerio Público también inicio de oficio una investigación al caso de la grabación de audio, pero, por el delito de «incumplimiento de deberes» cometido por la juez Pacajes, al hacer público detalles del caso del bebé Alexander que fue «declarado en reserva», mecanismo que prohíbe realizar publicaciones sobre este proceso investigativo.

En el caso del bebé Alexander «declarar en reserva» las investigaciones y el desarrollo del proceso judicial sirvió para cometer errores y delitos que vulneraron el debido proceso, el derecho a la defensa de los implicados y la falta de transparencia.

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