Obligados por la presión social y política que surgió tras el descubrimiento del caso de los ‘800 ítems fantasmas’ en la Alcaldía de Santa Cruz, la Fiscalía ordenó la reapertura de otro caso de 1.000 personas contratadas irregularmente, denuncia presentada por el alcalde Jhonny Fernández en contra de la ex alcaldesa Angélica Sosa.
«Una vez realizado el análisis y revisión de toda la documentación que cursa en este proceso de investigación (…), se instruye a la comisión de fiscales la inmediata reapertura de la investigación, además del despliegue de todos los actos necesarios útiles y pertinentes para el esclarecimiento del hecho y la atribución de responsabilidad que corresponda a todos los autores y participes del mismo”, dijo Fiscal Superior, Gonzalo Aparicio, en conferencia de prensa.
El funcionario de la Fiscalía admitió que esta primera denuncia fue interpuesta por el alcalde Jhonny Fernández el 28 de mayo en contra de Angélica Sosa, Sandra Velarde y Javier Cedeño por los presuntos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica, pero fue rechazada el 5 de julio por el fiscal suplente Alberto Ceballos Flores, que en pocos días emitió la resolución.
Aparicio, indicó que en este caso se convocará en las siguientes horas, a todas las personas denunciadas para que presten su correspondiente declaración informativa ante la Comisión de fiscales, dentro de ellos a la ex alcaldesa Angélica Sosa. “Del mismo modo se ha solicitado copias de todo el cuaderno de investigación sobre el cual se esta realizando el análisis y evaluación del desempeño de funciones de los Fiscales que conocieron el mismo”, dijo.
Segundo caso: ‘800 ítems fantasmas’
Por otro lado, la comisión de Fiscales instruyó varios requerimientos en el segundo caso de los ‘800 ítems fantasmas’ de iniciado recién el 3 de diciembre de 2021, en contra del señor Antonio Parada Vaca, denunciado por los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado e Incumplimiento de Deberes, la misma que posteriormente fue ampliada en contra de otras cinco personas más.
“Como parte del trabajo de esta Comisión Especial dentro de este segundo proceso de investigación se ha instruido la emisión de diferentes requerimientos para la obtención de información, entre ellas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para el correspondiente informe de inteligencia financiera, a derechos reales y la Alcaldía a efectos de las respectivas anotaciones preventivas de bienes”, añadió el Fiscal Superior.
Asimismo, explicó que a través de la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público se ha requerido otorgar las medidas de protección dispuestas por la Ley Nº 458 en favor de una de las principales testigos del caso.
Impunidad de los fiscales que rechazaron el primer caso de los 1.000 contratos irregulares
La Comisión Especial conformada por el Fiscal Superior, Gonzalo Aparicio, el director de Gestión Fiscal, Roberto Almendra y el director de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Aldrin Barrientos, no se pronunció sobre los procesos investigativos que corresponden a los fiscales que rechazaron el caso denunciado por el alcalde Jhonny Fernández el 14 de julio de 2021, pese a la abundate evidencia.
«Esta resolución de rechazo adolece de mucha fundamentación, tiene incongruencias y contradicciones. Se atribuye facultades de la propia autoridad jurisdiccional, al considerar términos de prejudicialidad, sin embargo, eso está destinada a una autoridad jurisdiccional, el fiscal no puede agarrar términos de prejudicialidad o excepción de prejudicialidad», aseguró en esa ocasión, Ever Mérida, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz.
En esa circunstancia, el fiscal Javier Cordero -funcionario titular que recibió y admitió inicialmente la denuncia- informó de que la resolución fue emitida el 5 de julio por el fiscal suplente Alberto Ceballos Flores, ya que él se encontraba de comisión para un curso de capacitación. «Yo estaba de comisión, pero ya había realizado requerimientos de información. El caso no se cierra aquí, ya que la alcaldía tiene unos días para presentar la objeción que deberá ser tratada por el Fiscal del Distrito», dijo.
«Esta resolución de rechazo adolece de mucha fundamentación, tiene incongruencias y contradicciones. Se atribuye facultades de la propia autoridad jurisdiccional, al considerar términos de prejudicialidad, sin embargo, eso está destinada a una autoridad jurisdiccional, el fiscal no puede agarrar términos de prejudicialidad o excepción de prejudicialidad» afirmó en esa ocasión Ever Mérida, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Santa Cruz, según el portal Asuntos Centrales.
En el mes de mayo del presente año, el actual secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía capitalina, Mario Centellas, había informado que la gestión municipal de Angélica Sosa concluyó con más de 10.000 funcionarios en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.
De ese total, 2.600 figuran como personal de planta, los otros son contratados de los cuales muchos de ellos de forma irregular. Dijo que un porcentaje de los que trabajaron por contrato están en riesgo de no recibir pagos porque fueron incorporados sin contemplar la certificación presupuestaria. Además, la anterior administración dejó como ‘presente griego’ unas 528 carpetas de deudas por pagar.
El funcionario edil de la gestión del alcalde Jhonny Fernandez señaló que existen 530 personas que fueron contratadas sin que existiera la certificación presupuestaria, razón por la cual nunca recibieron sueldos desde que están en la Alcaldía, pero tampoco serían admitidos por la actual gestión.
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