El Gobierno anticipó, este martes, el inicio de un juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que emitieron un controversial fallo, en 2017, que habilitó al expresidente Evo Morales para repostularse de forma indefinida.
«El 21 de febrero de 2016, los bolivianos dijimos no a la repostulación del expresidente Evo Morales y estos «masistrados» le dieron la posibilidad de volverse a postular en contra de la Constitución, las leyes y el pueblo boliviano. (…) Por eso, vamos a iniciar un juicio de responsabilidades a estos magistrados, apenas se nos notifique», afirmó Núñez, en conferencia de prensa.
La autoridad señaló que la sentencia de los exmagistrados no puede quedar en la impunidad.
Los exmagistrados que aprobaron dicha sentencia son: Neldy Andrade, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Macario Lahor Cortez, Ruddy Flores y Oswaldo Valencia.
En ese sentido, Núñez cuestionó que dichas exautoridades asumieran esa determinación a pesar de que en el referendo constitucional, del 21 de febrero de 2016 (21F), el 51,3% de los bolivianos rechazaron una la repostulación del expresidente Morales.
La postura se registra en el segundo día de las sesiones que se realizan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para analizar la opinión consultiva sobre el derecho a la reelección.
El proceso se desarrolla en ocasión del 137 Período Ordinario de Sesiones, que se realiza para recibir argumentos orales sobre la solicitud de opinión consultiva OC-28 presentada por la República de Colombia, en octubre de 2019.
En ese marco, se pidió la interpretación de la figura de la reelección indefinida, en la que se apoyaron los gobiernos de Venezuela y Nicaragua para prorrogarse en el poder.
Además, el recurso hace una alusión a la maniobra jurídica que hizo el entonces presidente Morales, en 2017, cuando el TCP allanó su repostulación, al igual que de todas las autoridades electas, en función a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si bien la Corte IDH aún no emitió una resolución, denominada «jurisdicción consultiva», hasta ahora durante las sesiones ninguna de las organizaciones internacionales, los gobiernos de Bolivia y Colombia, así como instituciones de la sociedad civil han respaldado que la reelección presidencial indefinida sea considerada como un derecho humano.
El artículo 23 de dicha Convención establece que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; además de votar y «ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores».
En ese marco, el anterior gobierno consolidó esa disposición como una figura de un derecho a la reelección sin límite legal.
Ante esa situación, se recurrió a la Corte IDH para hacer la respectiva consulta.
El lunes, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los estados participantes de la primera audiencia programada por la Corte IDH coincidieron en que la reelección indefinida no es un derecho humano y que las facultades políticas no son absolutas, pues tienen límites, porque implican un riesgo para las libertades y la democracia.
En ese sentido, el subprocurador de Bolivia, Alejandro Roda, presentó ante la Corte IDH cuatro principios para que la reelección presidencial indefinida no sea considerada un derecho humano.
Roda resaltó la necesidad de prohibir la reelección indefinida para proteger la democracia y lo legítimo, orientado a evitar la perpetuación en el poder.
En tanto, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió terminar con el «cuento» de que la reelección indefinida es un derecho humano.
