Ante la solicitud de arbitraje que presentó el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) contra el Estado Boliviano, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, ha señalado que Bolivia no puede ser “demandado en el marco del convenio CIADI”, por su sigla del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.
“Toda vez que Bolivia denunció y se retiró del convenio CIADI, el convenio CIADI no aplica ya a las controversias en contra del Estado boliviano, el Estado boliviano ya no puede ser demandado en el marco del convenio CIADI”, enfatizó el Procurado.
El funcionario de gobierno considera que “el mecanismo complementario es simplemente un reglamento de arbitraje en el que, el CIADI actuará exclusivamente como la institución administradora del procedimiento arbitral”, afirmó Menacho en conferencia de prensa.
Mediante un comunicado, la empresa de finanzas española BBVA, que maneja la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Previsiónafirmó que ha colaborado con el traspaso de la AFP a la Gestora Pública, que se hará cargo de la administrar los fondos de pensiones, sin embargo, en ese trámite no llegó a acuerdos con el Estado, sobre todo en cuanto al valor del negocio en cuestión.
“A pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP, por lo que BBVA ha decidido iniciar el proceso de arbitraje con el CIADI”, señala el texto publicado en la página de la empresa española.
Ante esta demanda internacional, las autoridades bolivianas han anticipado la contratación del servicio especializado, para la defensa legal ante la solicitud de arbitraje que presentó la AFP BBVA ante el CIADI, por el traspaso de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública.
«El Estado boliviano contratará los servicios especializados que sean necesarios para defendernos de la mejor manera en tanto se lleve adelante este procedimiento», dijo Menacho en conferencia de prensa conjunta que ofreció con el ministro de Economía, Mario Guillén.
El procurador explicó que Bolivia denunció y se retiró del convenio CIADI, por lo que la solicitud que presentó BBVA solo es a través de un «mecanismo complementario» (reglamento) donde el CIADI actuará solamente como la «institución administradora del procedimiento arbitral».
La Ley de Pensiones (065) de 2010 dispone que la Gestora Pública, que debía entrar en funcionamiento en 2017, pero el Gobierno extendió el plazo por 18 meses hasta marzo de 2019.
La BBVA explicó que realiza la demanda en el marco de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Bolivia, que es un convenio similar gracias al cual el país se somete a la jurisdicción de la CIADI.
El procurador explicó que Bolivia denunció y se retiró del convenio CIADI, por lo que la solicitud que presentó BBVA solo es a través de un «mecanismo complementario» (reglamento) donde el CIADI actuará solamente como la «institución administradora del procedimiento arbitral».
«No depende de Bolivia el día de hoy aceptar o no el inicio de un arbitraje internacional, en todo caso eso se decidirá en el marco del arbitraje, si es que el tribunal tiene o no jurisdicción y competencia», agregó.
BBVA informó el fin de semana, en un comunicado, «que ha solicitado un proceso de arbitraje amparado en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que rigen entre España y Bolivia, ya que hasta el momento no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP».
Menacho indicó que la solicitud de BBVA se acoge al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Bolivia y el Reino de España, que fue suscrito el 29 de octubre de 2001 y ratificado mediante la Ley 2360 del 7 de mayo de 2002, durante la gestión del expresidente Jorge Quiroga.
Por su parte, el Ministro de Economía recordó que la migración de datos de la AFP Previsión a la Gestora Pública se inició sobre la base del artículo 45 de la Constitución Política del Estado boliviana que dispone que «los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados».
Agregó que en base a esa disposición constitucional, mediante Ley 065, se creó en 2010 la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para la administración del sistema integral de pensiones.
Guillén afirmó que independientemente del proceso iniciado por BBVA, se garantiza que la AFP Previsión seguirá operando en Bolivia y se continuará con la transferencia de datos a la Gestora Pública.
«Antes de que ellos decidan ir a un arbitraje nosotros hemos negociado, el precio que ellos han solicitado ha sido excesivo por parte de lo que nosotros considerábamos, y por lo tanto hemos rechazado el monto que ellos habían solicitado», declaró Guillén, sin precisar la cantidad que demandó la aseguradora para salir del país.
