El Gobierno anunció hoy (17.08.2020), que utilizará dos normas aprobadas durante el gobierno del MAS para iniciar procesos penales a las personas que usaron armas de fuego y explosivos en los bloqueos y marchas de las pasadas semanas.
El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, indicó que la Ley 400 del 18 de septiembre de 2013 y el Decreto Supremo 2888 del 1 de septiembre de 2016 prohíben el uso y tenencia de armas de fuego y explosivos en movilizaciones sociales.
«Todos aquellos caballeritos que han utilizado armas de fuego, dinamitas, dañando el bien público y privado, todas esas personas deben ser procesadas de acuerdo a Ley 400 y de al decreto 2888, solamente lo pongo y lo contextualizo», afirmó Murillo en rueda de prensa.
Aseguró que esas normas fueron impulsadas por el expresidente Evo Morales, por tanto, este Gobierno hará cumplir las leyes y la Constitución, ante esa situación se pide al Ministerio Público actuar de forma legal y transparente para hacer respetar dicha ley y decreto.
Estas normativas serán aplicadas para todos aquellos sectores que hagan uso de estos artefactos, sean de un lado o de otro porque este Gobierno «no tiene preferencias» y se actuará como se lo hizo con los supuestos autores del atentado a la Central Obrera Boliviana (COB).
Para evitar la detención de dirigentes de los sectores sociales afiliadas a la COB, que se movilizaron del 3 al 15 de este mes, en rechazo a la modificación de la fecha de las elecciones generales para el 18 de octubre, legisladores del MAS estarían elaborando una ley para evitar esa medida.
En ese marco, Murillo aseguró que esa ley que pretenden elaborar y aprobar no será retroactiva, por lo tanto, las personas que portaron armas de fuego e hicieron uso de explosivos serán procesados con las normas elaboradas en 2013 y 2016 por el MAS.
