Gobierno rechaza que Human Rights lo acuse de usar la Justicia para perseguir a Morales, cuando ese Poder es controlado por el MAS

El Gobierno nacional rechazó hoy (11.09.2020), el criterio emitido por la organización Human Rights Whatch (HRW), en el que señala que la administración de la presidenta Jeanine Añez utiliza la Justicia para perseguir a políticos y dirigentes afines al expresidente Evo Morales y al MAS.

«Como Gobierno Constitucional de Bolivia rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política de la Justicia contra Evo Morales. Hay que recordarles que el MAS preseleccionó a las autoridades del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agrario, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General del Estado», dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en conferencia de prensa.

«Todo el sistema judicial está cooptado por el MAS, partido de Morales, por tanto, es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce control sobre la Justicia o la utilizamos como arma de persecución», agregó.

El informe emitido por Human Rights Whatch, una organización que actúa en unos 90 países, denominado «La justicia como arma: Persecución», hace referencia al episodio de crisis social y política que emergió del presunto fraude electoral en los comicios generales, del 20 de octubre de 2019.

Parte del documento emitido por esa entidad pone en evidencia que el conteo de votos fue suspendido, sin explicación, por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entonces presidido por María Eugenia Choque, lo que ocasionó el rechazo de la población y el inicio de las protestas.

Refirió también que los episodios de violencia ocurridos en las poblaciones de Vila Vila, Playa Verde y Caracollo, señalados en el informe de HRW, reconoce la actuación antijurídica del MAS.

Núñez recordó a HRW que durante 14 años, el MAS presentó ante la Fiscalía cargos legales contra sus detractores, en franco abuso y toma del Poder Judicial. «Eso sí era una motivación y persecución política», remarcó la autoridad.

Según esa organización, las denuncias por presuntos hechos de terrorismo contra Morales y sus acólitos «parecen responder a motivaciones políticas»; al respecto, Núñez calificó esa posición como un «contrasentido», ante un aparato judicial y político montado por el MAS.

«Lo que el Gobierno hizo es cumplir con su obligación de (…) denunciar un hecho irregular ante las instancias que corresponden, que es el Ministerio Público, pese a estar tomado por el MAS», enfatizó.

Explicó que la demanda por terrorismo contra Morales fue debidamente solventada con argumentos técnicos y jurídicos.

Asimismo, el informe de HRW señala que la injerencia política en la Justicia «es un problema que existe desde hace mucho tiempo en Bolivia».

Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente

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