Funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cree que las acciones ejecutadas en circunstancias de los hechos violentos suscitados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y el municipio de Sacaba de Cochabamba, «pueden» ser calificadas como «masacres», según informe preliminar conocido hoy (11.12.2019) de esta institución.
Los funcionarios de la CIDH han estado en Bolivia entre el 22 y 25 de noviembre y dicen que se han reunido con las familias de las personas heridas y fallecidas, diferentes instituciones del Estado, políticos, dirigentes y organizaciones civiles del país.
“En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, dicen en el informe.
Con relación a los hechos ocurridos el día 19 de noviembre en El Alto, en inmediaciones de la Planta de YPFB en Senkata de la ciudad de El Alto, la CIDH menciona que los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de esta planta de combustibles y que, por lo que fueron contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército, con el resultado de nueve muertos.
El reporte de la CIDH no incluye la información de que el muro perimetral de la Planta de hidrocarburos de YPFB fue derribado con la explosión de cachorros de dinamitas, en cuatro sectores. La CIDH tampoco señala que las acciones vandálicas han puesto en peligro a toda la población ubicada en el área circundante de la Planta de YPFB, hasta donde lanzaron explosivos o las bombas molotov.
No obstante, el informe de la CIDH sostiene que, según las víctimas, “estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales”.
El texto de la CIDH indica que habrían sido afectadas personas que supuestamente sólo pasaban por este lugar de conclusión social y que también se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas, que habrían fallecido en esta supuesta «masacre», los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia.
Sin embargo en este informe parcial de la CIDH no existen los nombres de las personas supuestamente desaparecidas, ni siquiera una denuncia verbal o escrita de los familiares vecinos del Distrito 8 de El Alto que denuncien la desaparición de alguno de sus seres queridos.
También señala la versión de autoridades en sentido de cuestionar que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública.
El informe de la CIDH plantea la realización de una investigación de los casos suscitados en esos días violentos en los que vándalos afines al MAS sembraron el terror en la ciudad de El Alto. El reporte de la CIDH tampoco señala que siete personas están detenidas por ese caso con cargos de terrorismo.
El informe parcial de la CIDH no se refiere a la quema, saqueo y las agresiones ejecutadas por vándalos de todos los edificios de la Policía en El Alto. En el texto de la CIDH no se refieren al caso del sargento primero Juan José Alcon Parra que falleció tras ser agredido el 11 de noviembre durante el saqueo y toma de las instalaciones del Comando Regional de la Policía de El Alto.
Con relación a los hechos violentos ocurridos en el municipio de Sacaba la CIDH señala basado en testimonios, que la movilización de cocaleros del Chapare era supuestamente pacífica y recibió el fuego de las fuerzas de seguridad, mientras que en Senkata, según la Comisión, las personas se manifestaron sin violencia antes de ser reprimidas.
El texto de la CIDH refiere que en los hechos del 15 de noviembre en Sacaba -basados en los testimonios- que “miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba” y que, al intentar pasar el puente Huayllani, fueron contenidos por indicación verbal.
“Sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas”, dice el informe. El informe del CIDH no refiere a los ataques de los cocaleros con piedras palos hasta dinamita a las fuerzas combinadas de la Policía y los militares.
La CIDH registró en estos hechos de Sacaba la muerte de nueve personas. También menciona la versión del Gobierno, de que los manifestantes se habrían disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas.
Sin embargo, se ratificó en que, “numerosos testimonios son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva”.
El informe no menciona la versión policial de que se encontraron armas de fuego entre los manifestantes y que un vehículo recibió impactos de bala.
El informe parcial de la CIDH reportó que tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia.
La Fiscalía reportó oficialmente la muerte de 30 personas, las mismas que corresponde al periodo de gobierno de Evo Morales y de la presidenta Jeanine Áñez, las muertes se han registrado en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Potosí y Oruro. El estudio balístico realizado por el IDIF establece que 27 fallecidos fueron causados por proyectiles de arma de fuego durante los conflictos, además de tres por otras causas
La CIDH también hizo mención a fallecidos en otras circunstancias, como en Montero, La Paz y Cochabamba. Asimismo, registró hechos como la muerte de Julio Llanos, activista de la tercera edad que reclamaba contra el el Gobierno del MAS, quien fue agredido en una movilización, así como lo ocurrido en Vila Vila, donde señala que hubo torturas a las personas que iban a La Paz a pedir la renuncia de Evo Morales.
CIDH condenó las pérdidas de vidas humanas y llamó al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares.
También puso en duda que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la investigación, por lo cual planteó la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial.
