Uno de los autores de la masacre de octubre del 2003 inició una contrademanda a los familiares de los bolivianos que fueron acribillados en esos luctuosos días en la ciudad de El Alto y de La Paz.
La información fue comunicada hoy (08.10.2018) el presidente de la Asociación de Víctimas de Octubre, Patricio Quispe.
Según Quispe, el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, presentó una contrademanda por daños y perjuicios en contra de los familiares de las víctimas del mes de octubre del año 2003.
«Como el juez determinó que no tenían responsabilidad ellos exploraron la posibilidad de cómo demandarnos y contrademandaron en la corte de la Florida por gastos judiciales», relató el representan de la Asociación de Víctimas de Octubre.
El 30 de mayo de este año, un juez de Estados Unidos (EEUU) revirtió el veredicto unánime de 10 jurados que determinaron que el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron responsables de la denominada masacre de Octubre Negro de 2003, lo que abrió una fase de apelación, según varias fuentes.
«El juez llegó a su decisión después del estricto análisis técnico y jurídico de la ley y de los hechos revisando toda la evidencia presentada y se convenció de que mi gobierno defendió la ley y la vida de ciudadanos inocentes. La decisión del juez demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles», informó el miércoles Sánchez de Lozada mediante un comunicado.
El 3 de abril último, el jurado que conformó la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida declaró a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín culpables de la muerte de civiles en 2003 y otorgaron unos 10 millones de dólares como compensación a las familias de las víctimas.
En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta social con un despliegue de militares en las ciudades de El Alto y La Paz, la represión provocó la muerte por bala de 67 personas y más de 400 heridos.
La decisión del juez James Cohn, de la Corte de Distrito de Florida, abrió la fase de apelación de la demanda civil que fue presentada hace una década por ocho familias de las víctimas.
Ese fallo «no es definitivo ni final», aclaró el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, que testificó ante la Corte de Fort Lauderdale de Florida en el juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
«No es usual en los Estados Unidos que un veredicto de un jurado que representa al pueblo norteamericano que un juez lo deje sin efecto. En todo caso se ha producido este extremo que era el menos probable (…), pero con la serenidad, la profundidad y la consistencia con la que se ha llevado el juicio, se van a formular las apelaciones», afirmó.
