Tras la revelación de prensa efectuada en La Paz, sobre la inasistencia de Nemesia Achacollo a declarar ante el Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal de Oruro, hoy (26.07.2019) el presidente de este Tribunal, Julio Huarachi Pozo, ordenó la aprensión de la exministra de Evo Morales, dentro del caso del Fondo Indígena.
“Por el presente mandamiento ordena a: cualquier autoridad hábil y no impedida del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 25 Inc. 1) de la Constitución Política del Estado, para que aprehenda y conduzca a la testigo: Nemesia Achacollo Tola, a objeto de prestar su declaración en la celebración de la audiencia de Juicio Oral que sigue el Ministerio Público en contra de Marco Antonio Aramayo Caballero” dice parte del mandamiento de aprehensión emitido en esta jornada.
El Tribunal Tercero de Sentencia de Oruro lleva adelante el juicio oral en contra de Marco Aramayo (exdirector del Fondo Indígena), Valentín H., Sebastián Q., Estefanía L. y Benigno Q. por los delitos de conducta antieconómica y incumplimiento de deberes. En este proceso Nemesia Achacollo fue presentada como testigo de descargo por el principal imputado, Marco Antonio Aramayo.
Lo curioso del mandamiento de aprehensión emitido por el juez Julio Huarachi, es que este mandamiento solo estará vigente el próximo viernes 16 de agosto, para que preste su declaración el sabado 17 de agosto.
Nemesia Achacollo implicada en el desfalco millonario al Fondo de Desarrollo Indígena, Originario Campesino (Fondioc), actualmente debería estar cumpliendo la detención domiciliaria dispuesta por juez de garantías, como medida sustitutiva a la detención preventiva.
Antecedentes del desfalco millonario del Fondo Indigena en el Gobierno de Evo Morales
El 2016, la Fiscalía confirmó que la exministra Nemesia Achacollo entregó en 2014 recursos económicos y vehículos a los dirigentes de las organizaciones sociales que formaron parte de Directorio del Fondo Indígena (Fondioc).
Según la imputación formal que presentó la comisión de fiscales del caso Fondioc contra la exministra Achacollo, la exautoridad «autorizó y dispuso la entrega de cinco camionetas de la entidad indígena a favor de las organizaciones sociales matrices para que supuestamente realicen control social de supervisión, monitoreo y evaluación a los proyectos”.
Asimismo, señala que Achacollo autorizó la transferencia de recursos económicos, «bajo la nomenclatura de proyectos sociales”, 600 mil bolivianos para cada una de las organizaciones sociales nacionales y 300 mil para las organizaciones regionales para que hagan supuestamente en un plazo de tres meses seguimiento a proyectos.
El Decreto Supremo 28571 de creación del Fondo Indígena, artículo 7, establece que el directorio estará conformado por representantes de ocho organizaciones sociales, de las cuales cinco son nacionales y tres regionales.
Las organizaciones nacionales son: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), de la Confederación de Interculturales de Bolivia y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.
Mientras las tres organizaciones regionales son: la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de la Federación Nacional, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y por último de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B).
En 2014, cuando Achacollo autorizó la transferencia de recursos y motorizados, los dirigentes miembros del directorio eran Juanita Ancieta en representación de las Bartolinas, Rodolfo Machaca por la CSUTCB, Hilarión Mamani de Conamaq, Melva Hurtado de CIDOB, y Ever Choquehuanca en representación de los Interculturales.
El informe circunstanciado de hechos N° EX/EP12/M14-F2 emitido por la Contraloría General del Estado señala que «no se justifican la cantidad de desembolsos realizados en los diferentes proyectos, señalando como responsables a los miembros del directorio”, presidido por Nemesia Achacollo.
En marzo de 2015, durante un acto de interpelación en la Asamblea Legislativa, Achacollo responsabilizó a las organizaciones sociales y dijo que los dirigentes designaban desde el director ejecutivo (del Fondioc) hasta al portero” y que «son ellos los que hacen el tema del seguimiento, ellos se constituyen en entidad fiscalizadora».
