En audiencia de apelación de medidas cautelares, la juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniella Camacho, determinó prisión preventiva para el expresidente de este país, Rafael Correa, en el marco del caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda.

Por no haberse presentado, el 2 de julio, en la Secretaría de la Corte y a solicitud del fiscal General encargado, Paúl Pérez, la juez Camacho también ordenó la activación de la alerta roja para que la Interpol localice, capture y lo extradite hasta el Ecuador. Correa deberá cumplir la prisión preventiva en la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.

Caupolicán Ochoa, abogado de Correa calificó de arbitraria la última determinación de la juez de Garantías, que el pasado 18 de junio había ordenado que el expresidente de Ecuador se presente cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte en la ciudad de Quito.

El Abogado no pudo lograr que la juez y la Fiscalía acepten que Correa pueda presentarse en el consulado de Ecuador en Bélgica, donde radica con toda su familia.

Entre algunos de los antecedentes de este caso, se establece que el pasado 18 de junio la autoridad judicial determinó incluir a Correa en la investigación por el secuestro de Fernando Balda, hecho ocurrido el año 2012 en Bogotá.

Rafael Correa, en franco desacato a la orden de la Juez, que había determinado como medida cautelar su presentación cada 15 días en la Sala de lo Penal de la Corte en la ciudad de Quito, en la mañana del 2 de julio se constituyó en el Consulado de Ecuador en Bélgica.

En esta oficina diplomática, Correa consiguió una certificado de su asistencia con la firma del vicecónsul, Bernardo Burgos González y que lo compartió en su cuenta de Twitter.

Correa dijo en esa ocasión que, como expresidente desea cumplir con las exigencias de la justicia de su país, pese a sentirse un perseguido político.

“Es evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses”, manifestó Correa.

El exfuncionario también justificó su incumplimiento con el argumento de que ejercía sus derechos como ciudadano extranjero y citó a la Convención de Viena, entre otras normas internacionales.

«A partir de este momento la Justicia reconoce a mi defendido como víctima y a Correa como acusado», resaltó.

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