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La visita de un dirigente a un motel permitió descubrir que Air BP no fue nacionalizado por Evo Morales

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El diputado Tomás Monasterio denunció que la nacionalización que el presidente Evo Morales usa como bandera de su Gobierno es un engaño más al pueblo boliviano, porque en un proceso judicial se certificó que empresa estatal, YPFB Aviación, sigue registrada como sociedad anónima en Fundempresa.

«Se está evaluando el daño económico al Estado que se ha generado ya que no existió tal nacionalización y esta empresa continúa siendo una transnacional en estos momentos», aseveró Monasterio a los periodistas.

El caso se descubrió a raíz del proceso judicial emprendido contra el dirigente sindical, Marcos Melgarejo Fernández, que utilizó un vehículo de la dependencia para ir a un motel.

Nueve años y cinco meses después, la petrolera británica sigue teniendo en su poder las acciones y YPFB Aviación no ha logrado hacerse con la propiedad de la empresa de la que es titular desde ese decreto presidencial.

«Dice que el presidente ejecutivo de YPFB no realizó el pago total del paquete accionario, en ese sentido esta empresa está a favor de Air BP Bolivia S.A.”, aseguró el diputado de Unidad Demócrata (UD).

Ante este descubrimiento el parlamentario anunció un juicio contra Morales por mentir en la nacionalización de Air BP.

La responsabilidad recae sobre el presidente Morales, vamos a iniciar una proposición acusatoria ante la Fiscalía contra el presidente Morales y otros funcionarios por el presunto delito de incumplimiento de deberes formales», denunció Monasterio.

El proceso que la propia Air BP siguió a Marcos Melgarejo Fernández por «uso indebido de bienes del Estado» y que el juez Carlos Martín Camacho ordenó que se anule, ya que se demostró que ni el bien era del Estado ni Melgarejo era un funcionario público, ya que Air BP era una sociedad anónima que no pertenecía al Estado.

DE LOS ANTECEDENTES

La denuncia detalla que el 30 de enero, Melgarejo Fernández condujo el auto de la empresa hasta el motel Euro Suite, donde se quedó entre las 18:47 y las 20:33 de ese día, para luego llevar el vehículo hasta su casa.

Por estos hechos, Jorge Jaime Robles Aragón, coordinador de mantenimiento de YPFB Aviación, recibió en enero una serie de documentos que «delataban» el mal uso de los bienes de la empresa por parte de Marcos Melgarejo Fernández, para ese momento secretario general solicitó que se procese a Melgarejo por lo que el dirigente sindical fue imputado formalmente el 9 de mayo, por el mal uso de los bienes de la empresa.

Fue ante esta demanda penal que, Melgarejo Fernández comenzó a desvelar algo que ni el propio denunciante sabía: YPFB Aviación no estaba registrada a nombre del Estado, sino que técnicamente aún era Air BP, una sociedad anónima que no había hecho el traspaso de acciones a favor de Bolivia.

Para desvirtuar la imputación en su contra, Melgarejo Fernández consiguió una certificación de Fundempresa en cuyo Registro de Comercio se verificó que la Sociedad Comercial Air BP se encuentra anotada bajo la matrícula 13786, que no cursa testimonio alguno de transferencia de acciones y que tiene su matrícula de comercio vigente hasta el 31 de mayo de 2019.

No conforme con esta evidencia, Melgarejo Fernández, mediante requerimiento fiscal N.º 1803003 del 23 de julio de 2018, consiguió que Pablo Paúl Zubieta Arce, gerente general de Air BP S.A, supuestamente nacionalizada según decreto 111/09, confirmara que «hasta la fecha no se han transferido ni registrado las acciones de Air BP Bolivia S.A. en favor del Estado Plurinacional de Bolivia, sin embargo, mediante el decreto 111/09 del 1 de mayo de 2009, se nacionaliza la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario».

Además, también anota que el presidente ejecutivo de YPFB no realizó el pago del paquete accionario.

Con toda esta evidencia, el juez 3ro de Instrucción Penal y Anticorrupción Carlos Martín Camacho Chávez de Santa Cruz, determinó que la nacionalización de AIR BP-Bolivia SA ABBSA -división especializada de la British Petroleum (BP)- no se concretó tal como dispuso el Decreto N° 111 del 1 de mayo de 2009.

Marcos Melgarejo fue denunciado por uso indebido de bienes del Estado y beneficios en razón del cargo, tras haber sacado en Santa Cruz una movilidad de la empresa estatal para transportarse hacia un motel, motivo por el que fue cautelado con detención domiciliaria sin custodio, pero con salidas laborales.

En medio del proceso, el dirigente interpuso ante el mismo Juzgado Anticorrupción un incidente de actividad procesal defectuosa por defectos absolutos, argumentando que YPFB-Aviación no es una empresa estatal, sino que continúa operando como una sociedad anónima privada, autorizada y registrada por Fundempresa.

Por ese motivo, declaró probado el incidente de nulidad por defectos absolutos, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la denuncia formal, incluyendo la imputación del 9 de mayo de 2018, dejando sin efecto todas las medidas cautelares de carácter real o personal que se hubieran dispuesto en contra del nombrado imputado.

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Javier Alanoca
Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente
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