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Una joven madre de 20 años fue recluida en la cárcel de San Pedro de Sacaba, desde hace un mes, acusada de tener una deuda de Bs. 12.000 por concepto pensiones a su pareja Daniel Veliz Lamas,de 35años de edad, quien se quedó con la custodia de sus cuatro hijos.
«Me embaracé a mis 14 años, decidí irme con mi pareja. Él me pegaba siempre, incluso recibí amenazas de muerte, no sólo contra mi persona, también me amenazaba con matar a mi hija» relató Maribel V.D. la joven madre.
Ante las constantes agresiones de este hombre decidió dejarlo y se refugió en la Casa de Acogida de Cochabamba junto a sus dos hijos, uno de un año y medio y el otro de cinco meses.
La pareja de esta joven madre tiene el antecedente de haber sido recluido en la cárcel por delitos vinculados a la Ley 1008, consumo y uso lícito de la hoja de coca.
Este hombre, para lograr la detención de la joven madre presentó documentos supuestamente falsos, en los que la mujer firma y acepta pagar una pensión.
La determinación de detener a la joven madre fue tomada por un juez suplente de Ivirgarzama.
La víctima aseguró que nunca firmó algún documento donde aceptara pasar pensiones por la suma de Bs. 1.500. La joven madre aseveró que la Defensoría de la Niñez coadyuvaron al hombre para su detención. El hecho fue denunciado por la red Uno de Cochabamba.
Tras la publicación periodística, hoy (26.09.2018) la joven madre fue liberada después de que un juez ordenara la cesación de la detención estableciéndose que fue recluida en la cárcel de San Pedro del municipio de Sacaba de manera injusta y con documentos fraguados por un caso de asistencia familiar.
«Para la Defensoría del Pueblo es grato saludar la decisión que ha tomado el día de hoy el doctor Luis Pereira
Sostuvo que a Maribel se le exigía el pago de cerca de 1.500 bolivianos por mes, pero tuvo que huir de su casa en enero de este año porque era víctima de violencia intrafamiliar.
El representante regional del Defensor del Pueblo manifestó que la decisión para su reclusión fue tomada por un juez que falleció hace poco, quien actuó, dijo, de manera oficiosa en medio de «serias vulneraciones y transgresiones» en la aplicación de las leyes.
Cox confirmó que en ese caso también se utilizó un documento fraguado emitido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Ivirgarzama, para «hacerle creer» a la autoridad judicial que Maribel debía pagar por la asistencia familiar de sus hijos.
«Ha habido excesos que han permitido utilizar la normatividad para cometer injusticias con documentos urdidos que han sido validados por una autoridad», sostuvo.
El representante del Defensor del Pueblo dijo, por otro lado, que el demandante del caso cumple una detención preventiva hace dos semanas por un cargo de violencia intrafamiliar y anunció que se añadirá en su contra una demanda por estupro.
