La UPEA marcha desde Patacamaya (foto cortesía UPEA)

El Gobierno nacional ha promulgado la Ley 1072 que otorga 70 millones de bolivianos adicionales a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), sin embargo esta acción unilateral y sin consensuar no ha solucionado la demanda de los movilizados que determinaron otras medidas de presión.

Hoy decenas de universitarios de la UPEA iniciaron una marcha desde la localidad de Patacamaya, con la intención de arribar a la Sede de Gobierno al medio día del jueves.

“Queremos convocar a todo el sistema universitario a que se puedan sumar a esta movilización, porque estamos preveyéndose llegar el día jueves en la mañana a sede de Gobierno. Queremos convocar a la Universidad Técnica de Oruro, a la San Francisco de Chuquisaca, es decir a todas todo el sistema universitario”, dijo Víctor Mamani, Director de Sistemas de la UPEA, que participa de la marcha desde Patacamaya.

Las demandas centrales de la universitarios y docentes alteños está centrado en la modificación de la Ley 195 y que se les asigne el 2% de Coparticipación Tributaria.

“Los 70 millones que no está garantizando el Gobierno no son suficientes porque no permite ni si quiera garantizar mínimamente el normal funcionamiento de las actividades académicas de la Universidad Pública de El Alto”, acotó Mamani.

A esta marcha por el altiplano se suma la medida radical de tapiado asumido por el dirigente Nicolás Mendoza, que además, mantiene 24 días de huelga de hambre. La medida del tapiado consiste en clausurar con un muro la puerta de acceso a la habitación donde se desarrolla la huelga de hambre, lo que ya evita el acceso de médicos y otros asistentes.

A esta medida se suman el Colegio Médicode La Paz con un paro de 24 horas en apoyo a las demandas de la UPEA. La medida de protesta se desarrollará este martes.

Al menos unas 26 instituciones dedicadas al servicio de la salud determinaron acatar el paro en respaldo a las movilizaciones de la Universidad alteña que ingresa a la sexta semana de conflicto, exigiendo mayor asignación presupuestaria estatal.