CHUQUISACA, Bolivia, 25 de Noviembre de 2025 (JA). Los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinan poner fin a su extensión anticonstitucional de sus mandatos, mediante el Auto Constitucional Plurinacional 0087/2025-O, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la conclusión de su mandato. La disposición se extiende igualmente a las autoridades prorrogadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Auto Constitucional establece: Primero,»La conclusión de la prórroga de los magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia que continuaban en funciones desde 2023, cumpliendo seis años de mandato». Segundo, «El cese de sus funciones dentro de un plazo de diez días hábiles, con el fin de permitir el despacho de causas pendientes». Y tercero. «La vigencia plena de todos los actos realizados por las autoridades prorrogadas durante el ejercicio extendido de su gestión».
El documento fue suscrito por los cinco magistrados autoprorrogados del TCP que ejercían de forma anticonstitucional: Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo.
En comunicado, los magistrados autoprorrogados intentaron justificar su ilegal extensión de mandato en supuesto «cumplimiento de la Constitución», que por el contrario establece un mandato constitucional de 6 años y ni un día más. Los autoprorrogados dicen que su prolongación permitió revertir decisiones de anteriores magistrados que avalaron la reelección indefinida como un derecho humano. «Pusimos límites a un tema político que causó mucha conflictividad social».
El Tribunal también destacó que fue esta instancia la que alcanzó un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, lo que posibilitó la realización de las elecciones nacionales de 2025 pese a presiones políticas. “Frenamos más de 16 recursos y acciones constitucionales que querían paralizar la elección”, remarca el documento.
La medida se conoció mientras, en Potosí, se desarrollaba una audiencia por una acción popular presentada por autoridades originarias en contra de los magistrados prorrogados, lo que generó expectativa sobre el desenlace judicial que rodea a estas autoridades.
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