Tras emitir la imputación formal el 26 de abril contra el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, el Ministerio Público hoy (29.042019), anunció que solicitará ante el juez la detención domiciliaria como medida cautelar para dicha autoridad, al considerarlo posible autor de la agresión a su esposa.
“Por violencia familiar doméstica, que ha sido reiterada, y respondiendo a las pruebas, se tomó la decisión imputarlo y así se puso en conocimiento del juez”, aseveró el fiscal del caso en Sucre, Edgar Aramayo.
El magistrado del Tribunal Constitucional fue imputando formalmente por supuesta violencia familiar contra su esposa, por lo que se determinó solicitar su detención domiciliaria, sin tener la opción de acudir a su fuente laboral.
«En representación del Ministerio Público ha presentado al conocimiento del señor juez la imputación formal por el delito que ya hemos referido precedentemente y hemos realizado la argumentación necesaria jurídica», explicó Aramayo.
Los primeros antecedentes de este caso datan del pasado 10 de marzo, fecha en la que la esposa del magistrado Ceballos presentó denuncia ante la Policía por agresión física, verbal y psicológica contra su conyugue.
La mencionada denuncia efectuada en la Policía indica además que no sería la primera vez que la mujer sufrió agresiones verbales y físicas. En un certificado médico emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la víctima tuvo siete días de impedimento.
Sin embargo, tras haberse difundido la denuncia, la pareja apareció en una conferencia de prensa ante los medios de comunicación de Sucre, en la que el magistrado Ceballos aseguró que se trata de un “tema estrictamente particular”, pese a saber sobre la vigencia de la Ley 348.
Por este hecho, varias autoridades han demandado la renuncia del magistrado Ceballos, porque la violencia intrafamiliar no condice con la conducta que debería tener un funcionario de ese rango, encargado de velar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.
En la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados se determinó impulsar un juicio de responsabilidades en contra del magistrado del TCP.
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