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La ministra de Comunicación, Gisela López, anunció hoy (14.08.2018) que se inició una investigación sobre las denuncias de agresión a mujeres periodistas en la inauguración del nuevo Palacio de gobierno, denominado por las autoridades como la Casa Grande del Pueblo.
«Juntamente con el ministro Rada se ha dispuesto la investigación en torno a las denuncias que han hecho colegas periodistas, para establecer quiénes habrían violentado el derecho que tienen los compañeros y las compañeras de la prensa», anunció la Ministra de Comunicación.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia expresó su protesta por el maltrato que habrían sufrido algunos reporteros durante la inauguración del nuevo Palacio, el pasado jueves 9 de agosto en la Sede de Gobierno.
«Nuestro gobierno es un gobierno que viene de luchas sociales, viene de reivindicaciones sociales, callejeras, populares y, por lo tanto, está identificado con la defensa de los derechos humanos y colectivos del pueblo boliviano», subrayó.
López refirió que el día de la inauguración de la Casa Grande del Pueblo hubo una masiva asistencia de la población, incluso dijo que para ella misma fue difícil ingresar al nuevo edificio.
«Entonces, fue muy complejo debido a que había un tumulto de gente que había y no justifica de alguna manera cualquier acto de agresión que se había registrado», insistió.
Según la denuncia de la ANP de la pasada semana, dos mujeres periodistas sufrieron golpes, empujones y gritos de parte del personal de seguridad de Palacio durante la inauguración del nuevo edificio presidencial, en la tarde del jueves 9 de agosto, mientras otros reporteros fueron impedidos de ingresar al acto principal donde discursó el presidente Evo Morales.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que representa a los principales diarios y una agencia de noticias expresó una protesta enérgica por el abuso contra varios reporteros durante la apertura de la denominada Casa Grande el Pueblo, y exige que se revele la identidad de los responsables de emitir órdenes para evitar el ingreso de periodistas.
“En medio del caos para ingresar y la concentración de gente, un agente de seguridad militar alzó la voz a nuestra periodista (Nancy Vacaflor) y le gritó ‘no empuje’, siendo que la aglomeración de personas era la que producía tal incomodidad”, señala una carta enviada al ministro de la Presidencia Alfredo Rada por el director de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Sergio Montes.
“La periodista pidió que no se le grite a lo que el militar respondió ‘soy militar y grito’ y ‘usted no entra’. Cuando se identificó como periodista volvió a indicar que ‘esta reportera no entra’ y pidió que se le tomen datos y fotografíe la credencial de prensa”, según el relato del Director de ANF.
El diario Página Siete denunció que un “guardia de seguridad golpeó” a la periodista María Carballo. “Grabé un video y un guardia de seguridad me dijo que no grabe. Yo seguí haciéndolo y entonces me dice que borre el video y me quiere quitar el celular. Luego me toma fotos y quiere quitarme mi credencial. Intentó sacarme a empujones”.
La versión del medio impreso señala que guardias de Palacio enviaron a dos mujeres de la oficialista Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) para que la echen, bajo el argumento de que estaba en estado de ebriedad.
La corresponsal de prensa internacional, Mónica Machicao, denunció en su cuenta de Twitter que el personal de seguridad no permitió su ingreso a ninguno de los tres niveles desde donde podía realizarse la cobertura periodística. Se permitió el ingreso a otras personas, pero no a la prensa, denunció.
“Le recuerdo que el art. 15 II de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Maltratar a las personas es ejercer violencia”, expresa Montes en la carta a Rada.
La ANP rechaza las presiones psicológicas y de amedrentamiento que ejerce personal de seguridad cuando fotografía al periodista y sus documentos, y considera que este exceso genera una alerta y temor sobre posibles represalias contra los comunicadores. Del mismo modo, condena la acción de violencia a través de terceras personas para agredir a periodistas.
Tanto la organización de medios impresos como el Director de ANF coinciden en la defensa del artículo 21 de la CPE que reconoce a los bolivianos y bolivianas el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva.
