Los representantes de los comités cívicos de Bolivia, demanda la realización del Censo de Población para el primer semestre de la gestión 2023, rechazan la persecución política y piden garantías al Gobierno para el ejercicio pleno de las actividades de los comités cívicos en el país.
Reunidos en la ciudad de Cochabamba, el Movimiento Cívico Nacional resolvió pedir al Gobierno de Luis Arce pidió reprogramar el Censo de Población y Vivienda para el primer semestre de 2023 y abrogar el Decreto Supremo 2760 que fija la consulta para mayo o junio de 2024.
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera Muñoz, en su condición de anfitrión fue el encargado de dar lectura a las resoluciones aprobadas por el Movimiento Cívico Nacional, documento que será entregado al Gobierno central en plazo de 10 días.
«Se determina proponer el primer semestre del año 2023 para la realización del Censo de Población y Vivienda, fruto de un análisis técnico, estadístico y real. Solicitar a las universidades públicas, gobiernos departamentales, gobiernos municipales sean incluidos como recursos técnicos, humanos y logísticos para la ejecución del Censo de derechos», señala una de las resoluciones.
En otro acápite, los representantes de los comités cívicos del país, han resuelto proponer al gobierno de Arce la aprobación de un «fondo compensatorio» para las gobernaciones, alcaldías y universidades, basados en las proyecciones elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta que se desarrolle el Censo.
«Se propone que haya un fondo compensatorio en base la proyección del INE para el año 2022, para que gobiernos departamentales, municipales y las universidades reciban recursos en base a esa proyección, hasta que se tengan resultados finales del nuevo proceso censal. Queda claro que es necesaria la abrogación del Decreto Supremo 2760 que posterga el Censo para el año 2024», señala otra de las resoluciones.
En otros consideraciones el Movimiento Cívico Nacional demanda al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), otorgar garantías a los cívicos para el ejercicio de sus labores en el marco de la Constitución Políticas del Estado y rechazan la intromisión de los oficialistas.
En los próximo diez días estas propuestas serán entregadas al Gobierno central a la espera de una convocatoria a reunión para establecer mesas de dialogo. En caso de no ser escuchados, el Movimiento Cívico Nacional, se reserva la determinación de asumir las medidas de presión en el marco de las leyes.
«Si el Gobierno no tiene la voluntad política de consensuar de reunirse con los movimientos cívicos, no nos deja (otra alternativa), tal vez de tomar otras medidas de presión o medidas de protesta enmarcadas en nuestras normas”, aseveró el representante del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila.
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