Las organizaciones que se consideran defensoras de la “libertad de expresión” de Ecuador, Perú y Bolivia solicitaron al Gobierno boliviano denegar un pedido de refugio presentado por el exsuperintendente de Comunicaciones de Ecuador, Carlos Ochoa, que es procesado en la Justicia de su país, por el cierre de medios de comunicación con el uso de una ley que fue “presuntamente” falsificada por el exfuncionario de Gobierno.
Enterados de la solicitud presentada por el exfuncionario ecuatoriano ante la Cancillería de boliviana, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) de Ecuador y el Instituto Prensa y Sociedad de Perú (Ipys), reunidos el 14 de febrero en la ciudad de Sucre, determinaron pedir al Gobierno de Evo Morales negar la solicitud de “refugio” a Carlos Ochoa.
“Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión afirmaron que no existe ninguna causa para que el señor Ochoa pueda ser considerado un perseguido político pues en el Ecuador debe responder a un juicio por falsificación de documento público, uso del mismo documento falsificado para sancionar fraudulentamente a 11 medios de comunicación y malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300.000 ejemplares de la Ley de Comunicación que contenía alteraciones a la norma, presuntamente perpetradas por Ochoa”, señala parte del comunicado emitido por la ANP de Bolivia.
Estas tres organizaciones de la prensa se concentraron en la ciudad de Sucre con la objeto de participan del 171 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló desde el lunes 11 al viernes 15 de febrero, del año en curso.
Las organizaciones se pronunciaron por la continuidad del proceso judicial abierto contra Ochoa en Ecuador, donde es requerido por la comisión de delitos durante su desempeño como superintendente de comunicaciones, dado que el pasado martes (12.02.2019), el canciller boliviano, Diego Pary, confirmó la solicitud de refugio hecha por el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
“Ante esto las organizaciones reiteraron que el Gobierno Boliviano debe negar esa solicitud, pues la noble institución del refugio no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes», señala el comunicado difundido por la ANP.
El pasado 31 de enero, la ministra del Interior de la República de Ecuador, María Paula Romo, aseguró que el exsuperintendente de Comunicación (Supercom) de ese país, Carlos Ochoa y la exasambleísta ecuatoriana, Sofía Espín, huyeron a Bolivia para iniciar el tramite de un asilo político ante ante el Gobierno de Evo Morales.
“Les puedo confirmar que ambas personas se encuentran en Bolivia, mientras en el Ecuador son requeridos para responder a la Justicia. Los procedimientos, son procedimiento en el marco de la cooperación internacional, se piden tanto a nivel de policías como a nivel de jueces, dependiendo del tipo de difusión que requiera la Interpol, y luego depende también de la decisión de los países de cumplir con la Ley o de la decisión de los países de, qué hacer respecto de las solicitudes de ciudadanos, como en este caso, están siendo buscados por la Justicia ecuatoriana”, aseveró la Ministra del Interior.
Los dos exfuncionarios, Carlos Ochoa y Sofía Espín, son requeridos por la justicia ecuatoriana, porque existen procesos judiciales en su contra.
La exlegisladora Espín es investigada por el delito de “oferta de realizar tráfico de influencias”. El pasado 24 de septiembre de 2018, Espín junto con una abogada visitaron en la cárcel a la exagente , Diana Falcón, que es testigo y también investigada como autora del secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012. En este caso también está procesado el expresidente Rafael Correa. Según la versión de la exagente, las dos mujeres, Espín y la abogada, le ofrecieron asilo en Bélgica si se retractaba de su testimonio contra el expresidente Rafael Correa, procesado en el caso Balda.
En el caso de Ochoa, el pasado 24 de enero del 2019, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva contra el extitular de la Supercom. Ochoa es procesado por supuesta falsificación de la Ley de Comunicación para sancionar a medios de comunicación. En su gestión, la Supercom imprimió 300 000 textos de bolsillo de la Ley, en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se emitieron resoluciones en contra de 11 medios de comunicación.
En la diligencia se conoció que se encuentra fuera del país desde octubre del 2018. Por eso la Fiscalía solicitó que se notifique a la Policía Internacional (Interpol) para que detengan al exfuncionario.
La ministra Romo dijo también que se realizan «los trámites que corresponden para comunicarle al Estado de Bolivia que en ambos casos son personas requeridas por la justicia».
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