La región fronteriza de Pisiga del departamento de Oruro, amaneció con enfrentamientos entre funcionarios aduaneros con contrabandistas apoyados por los pobladores.
La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, informó hoy (15.08.2019) que funcionarios aduaneros de las oficinas de la Pisiga fueron hostigados por contrabandistas y unos 50 pobladores de esa región ubicada en la frontera con Chile.
Ardaya determinó el repliegue de los funcionarios aduaneros y los militares en Pisiga con el fin de evitar mayor violencia, tras la ejecución de un operativo de incautación de vehículos indocumentados y la toma de unas casetas.
«Se ha cerrado la frontera por temas de seguridad, personal de la Aduana se ha replegado a las oficinas de la administración aduanera«, explicó la autoridad.
Ardaya reportó que esta mañana se produjo la incautación de vehículos indocumentados en el ingreso del hito, donde hay casetas que la administración aduanera las tenía en la mira, porque «se presume que ahí era donde se acopiaba el contrabando».
La funcionaria aduanera explicó que la violencia surgió tras la quema de casetas que utilizaban los contrabandistas para guardar mercadería ilegal.
«El conflicto ha empezado a primeras horas de la mañana, y es la agresividad del pueblo que se está mostrando, el Ejército está ahí en pleno hito, y en este momento hay una tensa calma«, explico Ardaya en conferencia de prensa.
Indicó que funcionarios de la Aduana se han replegado a las oficinas de la administración, e igual ocurre en el lado chileno.
«Lo que queremos mostrar a los medios de prensa, esta vez en línea, es cómo el pueblo está reaccionando, de Pisiga son más de 50 personas que están produciendo estos hechos y están acosando al Ejército«, manifestó Ardaya.
Pero ¿cuál es la realidad de los bolivianos que viven en lugares alejados de las capitales como son las fronteras?.
Para comprender estos fenómenos sociales hay que visitar y convivir con los campesinos que viven en los poblados fronterizos del occidente de Bolivia.
La frontera occidental boliviana es una extensa región altiplánica y andina, con temperaturas bajas, ausentes de bosques, con precipitaciones de la lluvia una vez al año, cuya consecuencia bajos niveles productivos de la agricultura y la ganadería, sobre todo camélida.
Estos poblados cuentan con una escuela primaria, no tienen hospitales, no cuentan con institutos técnicos, menos universitarios. El número de sus habitantes se cuentan por decenas o centenas, solamente.
Con toda esa descripción, queda claro que abandono del Estado a los poblados fronterizos es casi la norma general. Ante esta realidad, muchos habitantes de estas regiones optaron por sobrevivir con la actividad ilícita del contrabando, entre otras.
Frente a este modo de sobrevivencia de los pobladores en la frontera, ¿cuál es la respuesta del Estado?.
Frente a delitos del contrabando, por citar uno específico, el Estado reacciona con la lucha frontal, la incautación, la detención, la aprehensión y el encarcelamiento de todas las personas implicados en estos hechos, tal como se puede constatar en la última acción asumida por la presidenta de la Aduana.
Ardaya indicó que con los videos recabados se identificará a los responsables de los actos de violencia que con su actuar perjudican el comercio exterior del país. «Nos vamos a querellar por obstrucción al trabajo de la administración aduanera», remarcó.
Indicó que por el momento es inseguro retomar las actividades en la frontera, y se lo hará cuando existan las garantías.
Como se puede constatar, no se anuncia ninguna acción social o política y menos económica para atender las necesidades de esta población que vive en la frontera con Chile.
No se conoce de planes y políticas de Gobierno para la generación de empleos para este sector de la población fronteriza, que les induzca a dejar la actividad ilícita. No se conoce de políticas gubernamentales para el apoyo en la agricultura y la ganadería doméstica para que estos pobladores dejen de apoyar a la actividad ilícita del contrabando, como una forma subsistencia.
Ojalá las autoridades bolivianas comprendieran que el Estado debe forjar una alianza con los pobladores fronterizos para empoderalos y luchar contra las actividades ilegales.