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¿Por qué se excluyó al Gobierno de Evo Morales y Patricia Ballivián del caso Lava Jato?

En los pasados días el Movimiento al Socialismo (MAS) y en particular la diputada de ese partido, Susana Rivero, anunció que habían concluido una supuesta investigación efectuada del casos de los sobornos vinculados a la empresa brasileña Camargo Correa, Odebrecht.

Lo curioso de este caso, pese a la evidencia publicada en medios locales bolivianos, la inclusión de supuestos implicados que no son parte del Gobierno de  Evo Morales y la «discrecional» exclusión de actuales autoridades y funcionarios del actual Gobierno de Evo Morales.

Es así que en el informe de la Comisión Mixta legislativa, de mayoría oficialista (MAS), que supuestamente investigó el caso Lava Jato en Bolivia se involucró al Gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y la Gestión de Eduardo Rodríguez Veltzé. Sin embargo se excluyó a la gestión gubernamental de Evo Morales, que tiene más evidencia de intercambio de correos.

La diputada Rivero dice que existen ocho personas muy involucradas, un ministro del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada; cuatro funcionarios del gobierno de Carlos Mesa; un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé y dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC), que fue remplazado por la Administradora Boliviana de Carreteras.

Sin embargo excluyó a importantes funcionarios de todo ese proceso de adjudicación de la construcción de carreteras, suscrita con la brasileña Camargo Correa, Odebrecht, como es el caso de Patricia Ballivián, exgerente administrativa y posterior Presidenta interina del Servicio Nacional de Caminos.

Patricia Ballivián fue directora de Administración y Finanzas del INE (2000-2004), gerente administrativa del SNC (2004 y 2005), presidenta interina del SNC (2006), presidenta de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) de 2006 a 2009, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2009), viceministra de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala (2010), y gerente general del Servicio de Empresas Públicas Productivas (Sedem), de 2010 al presente.

«Se ha investigado a 179 servidores públicos de distintos gobiernos; a la señora Ballivián se la investigó, incluso vino a la comisión, se le investigaron las coincidencias de viaje, las decisiones que tomó, se revisó las cuentas bancarias; la señora no coincide con Wanderley en lugar, fecha o destinos y no tiene movimientos sospechosos en sus cuentas», aseveró en descargo Susana Rivero en conferencia de prensa.

Con esa acción Susana Rivero aseguró discrecionalmente que el Gobierno de Morales no tiene responsabilidad debido a que ‘heredaron’ la contratación del consorcio Camargo Correa, para el tramo Roboré-El Carmen; y IASA-Odebrecht, para El Carmen-Arroyo Concepción.

«Al adquirir un contrato, el siguiente gobierno lo cumple; igual que cuando un Alcalde inicia la obra, el siguiente la continúa», señaló la parlamentaria masista.

Sin embargo los indicios conocidos son abundantes. Ballivián, en su condición de gerente administrativa del Servicio Nacional de Caminos (SNC), estampó su firma en los contratos suscritos con las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, respectivamente, para la construcción de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, al Este en el departamento de Santa Cruz.

Los correos del soborno Lava Jato en Bolivia

Los mensajes electrónicos obtenidos por la Policía Federal de Brasily que forman parte de la investigación «Castillo de Arena» revelan actos de corrupción por 4 millones de dólares e involucran a funcionarios de las gestiones de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales.

El vocablo «capilés» es el más utilizado en los correos que se enviaron los ejecutivos de la constructora brasileña Camargo Correa. Los empresarios mencionan a Bolivia en cuatro mensajes y en ellos se determina el pago de coimas (capilés) a funcionarios de los gobiernos de Rodríguez y Morales. En la gestión de Carlos Mesa -quien ya presentó su descargo- también se habló de sobornos para cerrar el asfaltado del tramo Roboré-El Carmen, en el Departamento de Santa Cruz.

Marcos de Moura Wanderley fue el CEO de la empresa Camargo Correa en Perú. Es él quien manda los cuatro correos a Carlos Fernando Namur, ex director superintendente de Infraestructura Internacional de la compañía en San Pablo (Brasil) y quien estaba al frente de las negociaciones y pago de sobornos a funcionarios para la construcción de la vía en el oriente boliviano.

Los mensajes que se analizaron para este reportaje forman parte del ítem 55 de la investigación Castillo de Arena (involucra a las constructoras brasileñas Camargo Correa y Odebrecht en el pago de sobornos en diferentes países de América Latina y África), que fue ejecutada por la Policía Federal del Brasil, por el Ministerio de Justicia de ese país y la Superintendencia Regional de San Pablo. El Deber accedió a estos documentos al integrar el proyecto colaborativo «Investiga Lava Jato», una red que reúne a una veintena de periodistas.

Los correos fueron enviados el 17 de agosto, 29 de noviembre y 28 de diciembre de 2005, además del 23 de mayo de 2006. Los tres primeros en la gestión del entonces presidente Rodríguez y uno en la del actual mandatario, cuando Morales tenía cuatro meses en el Gobierno.

«El correo electrónico arriba enviado por Marcos de Moura Wanderley indica los pagos ya acordados a ser efectuados a título de ‘capilés’. A lo que todo indica esta expresión es utilizada para definir valores pagados en los demás países de América Latina, donde la Camargo Correa posee negocios (…)», es una de las interpretaciones que se lee en el informe.

El 2008 José María Bakovic advertía preferencias del Gobierno de Evo

El año 2008 el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, José María Bakovic, en pleno proceso judicial seguido por el Gobierno de Evo Morales, ya había revelado sobre las preferencias del Gobierno de Morales por la constructora brasileña OAS para la adjudicación de carreteras en el país, dando a entender que ésta empresa financió la campaña electoral del MAS.

La revelación es parte de la entrevista realizada por el periodista Rafael Sagárnaga y publicada por Los Tiempos en 2008.

Bakovic ya había denunciado estas preferencias por OAS, cuando, por ejemplo, en 2007 se le adjudicó la construcción de la carretera Potosí-Uyuni.

En el 2007 «el favoritismo hacia OAS por parte de este Gobierno (de Morales) es evidente, está a la vista de los ojos, no hay que ser adivino para ello. Se le adjudicó el proyecto Potosí-Uyuni que, a propósito, anda sumamente atrasado en su ejecución. Acaba de adjudicarse a OAS el proyecto Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con un sobrecosto de por lo menos 100 por ciento en relación al presupuesto elevado que se tenía. Ha hecho una oferta para la doble vía La Paz-Oruro también 100 por ciento por encima del precio de referencia», denuncia Bakovic.

«Se dice que se le adjudicará hasta 1.000 millones de dólares por obras. Todo ello aparentemente en pago por el financiamiento de la campaña del 2005, que denunció Siglo XXI, pero seguro que hay para varias campañas con semejantes sobrecostos», añade en la misma publicación.

Asimismo, Audalia Zurita, quien fue abogada de Bakovic, recordó que su defendido denunció que «emisarios de empresas brasileñas» llegaban al país para ganar la adjudicación de obras.

«Para la  carretera Potosí-Uyuni, 2007, hubo una coincidencia que hizo que don José confirme la información que le llegaba desde Brasil. Para el inicio de obras llegó una empresa de comida muy grande de Brasil, para atender los  festejos. Fue ahí que el jefe del equipo que había llegado le dijo a las personas que estaban en el aeropuerto que ellos venían por encargo de OAS, que a partir de ese año iba a hacer todos los caminos en Bolivia y tenían que atender al presidente Morales en esa recepción», señaló Zurita en una entrevista publicada hace algunos meses atrás por Página Siete.

Bakovic, sin embargo, tenía más de 70 juicios encima que, según indicó, fueron iniciados por el Gobierno para callar sus denuncias. Bakovic falleció el 12 de octubre de 2013 en pleno proceso judicial.

Las conclusiones preliminares de la oposición

Para la senadora Jeanine Áñez Chávez de Unidad Demócrata (UD), la inclusión y exclusión discrecional efectuada por Susana Rivero y los parlamentarios del MAS demuestra el uso político del caso, por lo que ella anticipa que la comisión de investigación paralela, de la que forma parte, una vez concluido su peritaje, pedirán la intervención de la Contraloría General del Estado.

El senador Arturo Murillo (UD), ratificó que Ballivián es una ‘ficha’ del vicepresidente Álvaro García Linera, al tener lazos familiares, por lo que tiene «protección del Estado».

La diputada Betty Yañiquez  del MAS, argumentó que si bien la ejecución de las obras fue en la era del MAS, se hizo en una etapa en la que ya no se podía intervenir, coincidió con la exgerente del SNC que se aprobaron con celeridad por ocho decretos previos de Mesa y Rodríguez Veltzé.

Consultado al respecto, la investigadora del Cedla, Silvia Molina, observó que en el caso de la obra financiada por la CAF, pudo regirse bajo normas bolivianas; y no a través de decretos directos, no ocurre lo mismo cuando el préstamo es de un banco exterior, como el de Brasil, que pone sus condiciones. Consideró que pese a las firmas, había un margen para rechazarlos, y derogar los decretos, siendo potestad del Gobierno, y tomando en cuenta la continuidad que tuvo Ballivián.

Con información de Los Tiempos y El Deber

Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente

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