La opinión consultiva es para determinar si la reelección presidencial indefinida es un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cuáles son sus consecuencias jurídicas.
El Gobierno espera que la Corte responda si las medidas legislativas que toma un mandatario para continuar en el poder son compatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana o Pacto de San José, la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
“Como en cualquier proceso de carácter consultivo ante la Corte IDH, en él mismo pueden participar no solo los gobiernos de los Estados miembros de la OEA sino individuos, representantes de la sociedad civil y académicos que quieran exponer ante la Corte sus opiniones sobre el tema objeto de la consulta”, explicó la Cancillería.
