El ministro de Minería César Navarro realizó hoy lo que podría ser considerado una confesión, cuando manifestó ante los periodistas, que en agosto del año años 2019, Carlos Mesa será un político desocupado porque La Haya resolverá este fin año el tema marítimo y no será candidato presidencial porque ni la misma derecha lo quiere.
Mesa y otros políticos habían acusado al Gobierno de Evo Morales de intentar anularlo políticamente para impedir que, en una eventual participación en una contienda electoral, Mesa derrotara en las urnas a Morales.
El Gobierno, así como su Ministro de Minería, se esforzaron en decir que no realizan persecución política, sin embargo es tan obvia la mano política del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en el caso de Mesa, que son vanos los intentos de incidir en las conclusiones que saca la población boliviana que observa azorada el comportamiento de los políticos.
Navarro parece no ocultar su deseo de restarle popularidad ganada por Mesa desde que asumió con bastante solvencia y convicción la vocería de la demanda marítima boliviana, que por cierto, correspondió al presidente Morales designarlo, por su trayectoria de historiador y periodista.
Con todas estas consideraciones, Navarro especuló que el Tribunal de la Haya emitirá una sentencia favorable a Bolivia hasta fin de año o comienzos del 2019. También consideró que hasta el próximo año se van a definir las candidaturas presidenciales y especuló que la oposición lo utiliza como comodín a Mesa, por lo que no lo tomaran como candidato, olvidándose de la preferencia obtenidas por Mesa en las distintas encuestas publicadas.
“Y acuérdense, en agosto de 2019 no va ser candidato por la derecha, entonces será un político mediático, porque no tiene organización política no tiene ideología y solo existe en los medios de comunicación”, se atrevió a descalificar a Mesa, el funcionario de gobierno.
Pese a la evidente «desastrosa» defensa del Estado ante el CIADI, tal como lo definió Mesa, Navarro cree que el expresidente “se lava las manos” en el proceso Quiborax, iniciado por el gobierno de Morales, porque hasta ahora no explica por qué incumplió su propia ley que mandaba a hacer auditorías antes de proceder a la reversión de las concesiones que la empresa chilena tenía en el Salar de Uyuni, deficiencias subsanadas por el gobierno de Eduardo Rodriguez Veltzé, que por cierto procedió a la revisión de las concesiones de la empresa Quiborax, exmandatario que el MAS no mencionó para nada en el juicio de responsabilidades que habilito forzadamente.
“Yo le pido a Carlos Mesa que deje de escudarse y tenga la capacidad personal, personal, de responder a sus propios actos cometidos y no acusar y no esconderse. Que nos diga por qué no respondió las cartas amistosas que le envió Quiborax el 2004, antes de presentar la denuncia ante el CIADI”, dijo Navarro a los periodistas.
A Navarro parece intimidarlo que Mesa tenga un pequeño complejo de superioridad y contradictoriamente cree que él está ingresando al papel de auto victimizarse. El funcionario de Gobierno volvió a ingresar en un terreno doméstico de comparaciones al manifestar intentar que “no puede seguir actuando como una huahua engreída y malcriada” sin responder a sus actos, cuando la realidad tiene que ver al manejo político que hace el MAS de la justicia.
El caso Quiborax fue calificado por los políticos de la oposición como un «auto gol» del MAS, por todas las evidencias denunciadas por Mesa y que el diario cruceño, El Deber, resumen en ocho irregularidades:
- Las acciones penales por el decreto (DS) 27589 de 23 de junio de 2004, prescribieron, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma sería ilegal.
2. El expresidente Eduardo Rodríguez abrogó el citado Decreto Supremo, mediante su DS 28527 de 16 de diciembre de 2005.
3. Los defectos de forma fueron subsanados mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM)
4. Antes de iniciar el proceso arbitral en el CIADI, Bolivia y Quiborax habían a un acuerdo de conciliación en 2008, por el que Bolivia pagaría solo $us 3 millones.
5. Los propietarios de Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista, falsificaron el acta de constitución de la empresa. Esa falsificación alteró su composición accionaria.
6. La Procuraduría afirmó con anterioridad que el decreto de Revocatoria (27589, del Gobierno de Mesa) se adoptó sobre la Ley 2564 y no es ilegal.
7. Se conoció que autoridades de la Subprocuraduría y abogados y funcionarios chilenos de Quiborax, negociaron y redactaron el desistimiento de Bolivia y de la Fiscalía boliviana.
- Como resultado de las negociaciones de la actual gestión, «el falsificador confeso David Moscoso», dueño del 49% de Quiborax, recibirá $us 20,8 millones del Estado que lo condenó a dos años de cárcel.
A esta lista de irregularidades yo le añadiría:
- La filtración de documentos importantes efectuadas a la empresa Quiborax en diciembre del 2016, atribuida a la subprocuradora, Carmiñia Llorenti, y que, según el Ministro de Justicia, Héctor Arce, solo ameritó un «proceso administrativo» iniciado de forma tardía. Esta filtración de documentos fue conocida por el Procurador Pablo Menacho y el mismo Evo Morales.
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Sí los delitos que se atribuye a Mesa fueron cometidos el año 2004, ¿por qué el Gobierno de Evo Morales determina iniciar un juicio de responsabilidades 14 años después?, ¿por qué no lo inició el 2006?, ¿de haber fallado el CIADI a favor de Bolivia y no a favor de la Quiborax, el gobierno habría impulsado el juicio contra Mesa?
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¿Por qué el Gobierno no incluyó en el juicio al expresidente Eduardo Rodriguez Veltzé, cuyo Decreto Supremo fue finalmente el que surtió efecto en la reversión de las concesiones asignadas a la Quiborax, por que el Decreto de Mesa quedó abrogado (anulado)?
Todas estas cuestionantes permiten ver que el juicio contra Mesa esta errado y que en realidad otros son los que deberían enfrentar el juicio.
La caída de la credibilidad del actual gobierno, al cabo de 12 años de gobierno, es inocultable. Los distintos hechos de corrupción descubiertos y denunciados han fracturado ese vidrio que podría representar la confianza que tenía la población hasta el 2010.
El manejo discrecional de la Justicia, la coptación de organizaciones sociales y sindicales para instrumentarlos políticamente, es otros aspectos que no le ha gustado a los bolivianos.
La falta de sensibilidad ante demandas sociales de sectores vulnerables como las personas con discapacidad, que se movilizaron por casi 5 meses, entorno a una Plaza Murillo amurallada con mallas metálicas, definitivamente ha herido la sensibilidad de la población boliviana e internacional.
Las brutales represiones ordenadas por el Gobierno de Evo Morales a las marchas indígenas de las tierras bajas, a los potosinos que llegaron hasta la ciudad de La Paz, a sector tradicional cocalero de los Yungas o el encacelamiento de dirigentes de poblados como Achacachi, antes bastiones del MAS, han dejado heridas que aún están abiertas.
Sin embargo, el hito que terminó de quebrar la columna vertebral de la credibilidad y confianza en Evo Morales fue definitivamente el desacato a la voluntad del pueblo boliviano, expresada en el referendo del 21 de febrero del 2016. Creo que esa acción el pueblo boliviano no lo ha perdonado y por su puesto va tener sus consecuencias políticas, electorales y judiciales en el futuro inmediato. Solo habrá que esperar un poco, porque hasta en el resto del continente, va por el camino del exterminio los gobiernos de corte populista. Definitivamente no hemos aprendido de la historia reciente. En mi por lo memos están vivos los sucesos que vi y reporté por radio Fides el año 2003.
