El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, denuncia que la sala primera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó la restitución de todos los jueces que fueron destituidos por dejar en liberad a violadores y feminicidas.
Molina aludió al ex juez de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro desde el 29 de enero, por liberar al feminicida serial Richard Choque pese a contar con una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
«Mientras nosotros destituimos a jueces corruptos, ya como ha sido el caso de este señor Alcón y otros que están en la cárcel, el Tribunal Constitucional a través de su sala primera saca sentencias contradictorias obligándonos a colocarlos en sus lugares», aseveró Molina, según medios locales.
Ante esa resoluciones contradictorias del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura interpuso un recurso de complementación y enmienda, porque «caso contrario pues todo el trabajo que estamos haciendo va a caer en tacho roto, nosotros sacamos corruptos y ella los va a volver a colocar», dijo Molina.
El presidente del Consejo de la Magistratura espera que la magistrada que trabajó la sentencia del Tribunal Constitucional tome conciencia y sea más responsable sobre la emisión de resoluciones que ponen en peligro a todo la población, porque en el futuro otros jueces podría seguir el mal ejemplo del juez Rafael Alcón que liberó a peligrosos feminicidas.
«Si la posición del TCP continúa de nada va a servir cualquier esfuerzo que hagamos con estos 38 jueces y con los otros jueces que sean sorprendidos porque siempre van a estar las famosas garantías y derechos constitucionales que ahora en una interpretación disque progresiva y en los estándares más altos ya el TCP va a patear todo lo que vamos hacer», dijo.
En 120 días de revisión de 327 expedientes, la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios del Gobierno apenas logró la recaptura de 21 violadores y feminicidas de unos 70 delincuentes liberados irregularmente por jueces y fiscales.
El 3 de junio, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que, tras descubrirse el caso del feminicida y violador serial Richard Choque, se intervino todos los juzgados penales para revisar 327 casos, de los cuales se observó 141, por lo que se procesó al 83% de los administradores de la justicia.
La intervención «posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas, a partir de ahí se identificaron irregularidades en procesos llevados adelante por jueces de ejecución penal que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia, de esos 18 juzgados el 83% fueron procesados, es decir, 15 de los 18 jueces fueron procesados ya sea por la vía penal o administrativa», y 10 de ellos ya fueron destituidos por sus acciones irregulares, dijo Prada.
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