TSE aclara en el Legislativo el alcance de la misión de la OEA y asegura que no hay observadores vetados

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dejó en aclaro hoy (12.10.2020), ante el Legislativo, controlado por el MAS, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) eligió a los miembros de su misión electoral y aseguró que no hay misiones vetadas.

«La OEA ha considerado a las personas idóneas para observar el proceso electoral en Bolivia. No le corresponde al Tribunal Supremo Electoral tomar decisiones sobre qué personas integran las delegaciones de observación que han solicitado su acreditación en Bolivia», explicó Romero.

La autoridad señaló que esa es una responsabilidad de los organismos internacionales que piden al Órgano Electoral la acreditación para observar el proceso electoral.

Romero hizo esas declaraciones durante el informe oral presentando ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados.

El mes pasado, la OEA informó que esa misión de observación será integrada por 30 expertos y estará liderada por el excanciller de Costa Rica, Manuel González.

La aclaración surge luego de que la diputada Brígida Quiroga (MAS) cuestionó que la misión de la OEA esté integrada por los mismos miembros, que efectuaron la auditoría de la votación de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

«Nos permitimos decir que a la fecha (la OEA) no tiene un informe claro y evidente con pruebas de que se haya registrado un fraude electoral. Por tanto, como no tenemos respuestas claras sobre un informe conciso de que hubo fraude, de estos observadores, que han generado toda la desgracia en Bolivia, (no se puede permitir que) sean los mismos», afirmó la legisladora.

Sin embargo, los parlamentarios del MAS olvidan que el mismo Evo Morales fue quien impuso la idea de que la OEA sea el organismo multilateral que practique la auditoria a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, en medio de las protestas callejeras por los indicios de fraude electoral que favorecía al entonces mandatario. 

Al ver que los resultados de la auditoria de la OEA no les favorecían, los masistas iniciaron una sistemática campaña para desacreditar la investigación efectuada a las elecciones fraudulentas del 20 de octubre de año pasado.  

Diego Pary, el canciller de Evo Morales había asegurado que la auditoría sería vinculante para el MAS y para Comunidad Ciudadana, que había denunciado fraude electoral.

El 10 de noviembre de 2019, el informe preliminar de la OEA, luego de efectuar una auditoría de la votación, no pudo avalar los resultados de los comicios debido a que identificó varias irregularidades y la «manipulación dolosa» en la transmisión de esos resultados, que dieron la victoria en primera vuelta al expresidente Evo Morales.

Ante esto, esa organización recomendó que Bolivia celebre nuevas elecciones tan pronto existan condiciones que den nuevas garantías para su realización, entre ellas, una renovada sala plena del Órgano Electoral.

La sugerencia de la OEA se dio en medio de las protestas sociales, realizadas desde el 22 de octubre de 2019, en demanda de la renuncia de Morales, tras las denuncias de fraude electoral en los comicios de ese año.

Tras ese informe y aun siendo presidente, Morales convocó a nuevas elecciones y anunció la designación de nuevas autoridades electorales; luego, el mandatario renunció y se fue del país.

De este modo, ese proceso eleccionario quedó sin efecto y todos los vocales del TSE fueron destituidos por un pedido público, expresado por el propio Morales.

El 8 de octubre, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que el informe de auditoría de la OEA, que detectó varias anomalías y la «manipulación dolosa» en la transmisión de resultados de las elecciones de 2019, son solo una parte del «mar de irregularidades» registradas en esa oportunidad, porque se les ocultó información del TSE.

El Viceministro afirmó que las anteriores autoridades del TSE tampoco informaron a la OEA sobre la existencia del servidor paralelo y de accesos remotos en los que se cargaban los datos de las actas para favorecer al MAS. La información es parte del informe presentado sobre los avances de la investigación del caso fraude electoral.

En tanto, la legisladora del MAS cuestionó que el Órgano Electoral habría negado la solicitud de la misión de observación de la Internacional Progresista (IP) -una organización que aglutina a progresistas de izquierda y activistas, que incluye al líder del Partido Laboralista británico, Jeremy Corbyn- para vigilar las elecciones del 18 de octubre.

Al respecto, el presidente del TSE recordó que, el 6 de octubre, se aceptó la petición de acreditación de la Internacional Progresista para seguir el proceso eleccionario.

«No se ha rechazado ninguna solicitud de acreditación de ninguna institución o persona y hemos actuado en el marco de la máxima transparencia, cuántos más ojos observen este proceso electoral tanto mejor. El TSE no tiene temor al escrutinio público de sus actos y acciones», aseguró Romero.

Entre otras preguntas formuladas al presidente del Órgano Electoral están las causas por las que se postergó la fecha de las elecciones; el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y el sistema de cómputo y el registro de votantes.

También se consultó a Romero sobre la contratación de espacios para recibir el material; la cadena de custodia del material electoral; los desembolsos realizados para el proceso electoral, la contratación de personal para la jornada de votación; la participación de los observadores internacionales, la certificación de los sistemas, entre otros temas.

Estos son los puntos del acuerdo suscrito entre Evo Morales y la OEA para realizar la auditoría de los comicios en Bolivia

Los puntos del acuerdo son:

1. Bolivia garantizará el cumplimiento de la auditoría al cómputo de voto de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de las actas, verificación del proceso, datos estadísticos y cadena de custodia.

2. Bolivia garantizará la correspondiente instrucción a sus autoridades para brindar a los expertos internacionales el acceso a las instalaciones e información que soliciten.

3. La auditoría se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores.

4. El equipo de expertos desarrollará la auditoría sin menoscabar la soberanía del Estado ni la independencia y autonomía del Órgano Electoral.

5. El equipo de expertos entregará un informe con el resultado de la auditoría al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien lo enviará al Gobierno de Bolivia mediante vías diplomáticas.

6. El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes.

7. La auditoría iniciará el 31 de octubre. Cualquiera de las partes que firman el acuerdo (la OEA y el Gobierno de Bolivia) podrá dar por terminado el acuerdo sin necesidad de justificar la causa de su decisión.

Javier Alanocahttps://www.javieralanoca.com
Freelance Periodismo Independiente

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